«La crisis económica está sólo en estado de desarrollo, y su impacto va a ser mayor en unos años», declaró Javier Zúñiga, uno de los responsables de Amnestía Internacional (AI) para la región de América Latina.
«Estamos hablando de una bomba de tiempo», advirtió el especialista, subrayando que el impacto de la crisis profundizará «la dramática situación» de los derechos económicos, civiles y políticos en la región.
Judith Arenas, que elaboró también el informe sobre América Latina de AI, publicado hoy en Londres, coincidió que el impacto de la crisis se sentirá durante muchos años en la región, golpeando en particular a los sectores más vulnerables: las comunidades indígenas, rurales, las mujeres.
«Por ejemplo, las remesas, que en algunos países latinoamericanos es el primer rubro de la economía, ya disminuyeron, a causa de la desaceleración económica en Estados Unidos, lo que ha repercutido en recortes de los pocos programas sociales que había», señaló Arenas, en entrevista con la AFP.
«Y en Centroamérica, la violencia de las maras ha aumentado, a raíz del aumento de las deportaciones, estimuladas por el desempleo acentuado por la crisis», añadió.
Zúñiga enfatizó también que la alta concentración de la riqueza que prevalece en Latinoamérica, comparada con otras regiones, provoca inestabilidad y tensiones.
«Unas 70 millones de personas viven en la región con menos de un dólar al día. Y eso claro que crea tensiones», señaló Zúñiga, agregando que la crisis ha generado un incremento del número de personas privadas de bienes fundamentales como salud y educación.
El especialista observó que «países como México han reportado ya bajas en sus tasas de crecimiento» económico, lo que golpeará a los sectores más vulnerables, intensificando su descontento.
«Lo más indignante de todo esto», se quejó Zúñiga, «fue comprobar cómo cuando se desencadenó la crisis del sector bancario y financiero, los gobiernos, llenos de pánico, destaparon trillones de dólares para salvarlos, sin echar una mirada a la parte baja de la pirámide social, que sigue sufriendo».
«Antes de la crisis, los gobiernos decían que no había dinero para proyectos sociales, y el FMI imponía condiciones de reducción de gasto público. Pero ahora, con la crisis, los gobiernos incitan a gastar dinero y se comprometen a desembolsar billones de dólares para apoyar al sector financiero».
«Pero si hay dinero para los bancos, ¿cómo es que no hay dinero para la salud, la educación, para combatir la pobreza?», planteó Zúñiga, vaticinando que los sufrimientos de los sectores más vulnerables se traducirán en un fuerte descontento y en movimientos sociales que provocarán inestabilidad política.
«Ya hubo numerosos ejemplos de movimientos sociales que reflejan el descontento de la gente. Hubo saqueos en Haití, marchas en Colombia de parte de los campesinos, movilizaciones en Brasil. Y esas manifestaciones de descontento tenderán a multiplicarse, con el impacto de la crisis», advirtió.
En su informe, AI denunció también que la «impunidad cotidiana» sigue caracterizando a la región, además de los abusos y la violencia endémica.
«En todos los países la policía sigue haciendo arrestos arbitrarios, en muchos hay ejecuciones extrajudiciales, y en Colombia sigue habiendo desapariciones forzadas», subrayó Arenas.
El informe de AI subraya que sin embargo hubo algunos progresos en la región, como el que el ex presidente peruano Alberto Fujimori fuera condenado por 25 asesinatos.
También se han registrado «algunas victorias de grupos campesinos que han recuperado sus derechos en Brasil y en Paraguay, y en Argentina se sometió a juicio a personas que robaron a niños», destacó Zúñiga, quien resaltó «la fortaleza del movimiento latinoamericano de Derechos Humanos.
«Ese movimiento ha inspirado a muchos, pero a un precio muy alto, que a veces ha concluido con la muerte de activistas de derechos humanos», se quejó Zúñiga.
Por su parte, la responsable de AI, Irene Khan, llamó «a un despertar de los gobiernos, para que se centren en los sectores más marginados, más vulnerables, en vez de rescatar a los bancos y a las instituciones financieras».
La situación de los derechos humanos en América Latina durante 2008 mostró avances, como la condena al ex presidente peruano Alberto Fujimori, pero también retrocesos en inseguridad y exclusión, indicó este miércoles Amnistía Internacional en su informe anual.
La pena de 25 años de cárcel impuesta en abril a Fujimori por crímenes de lesa humanidad durante su gobierno «fue un hito crucial en la lucha contra la impunidad en Perú», indicó el informe de Amnistía, organización de defensa de los derechos humanos con sede en Londres.
Asimismo, el reporte observó avances en la batalla contra la impunidad en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay.
Pero Amnistía lamentó que el Frente Farabundo Martí, que ganó las elecciones salvadoreñas en marzo, no prometiera levantar la Ley de Amnistía que dio impunidad a personas que violaron derechos humanos durante la guerra civil, de 1980 a 1992.
El informe señaló que el conflicto en Colombia siguió provocando gran cantidad de desplazados, que aumentaron a 380.000 en 2008, mientras que los indígenas fueron los más afectados, dijo Amnistía, que citó informes de asesinato de hasta 27 de ellos por parte de la guerrilla.
El grupo rebelde FARC reconoció en abril haber asesinado a ocho indígenas Awá.
También en Colombia se registró el asesinato de dos defensores de los derechos humanos.
En México se observó un aumento de las denuncias de abusos por partes de miembros del Ejército desde 2006 a 2008, indicó el informe.
El respeto de los derechos indígenas mejoró en Bolivia y en Brasil, donde el gobierno entregó tierras, pero en contraste, en Paraguay murieron seis miembros de la comunidad Sawhoyamaxa por enfermedades evitables, señaló Amnistía.
La exclusión de poblaciones menos favorecidas también se constató en Río de Janeiro, donde se comenzó a construir un muro alrededor de favelas, lo que fue denunciado como discriminatorio.
Por último, Amnistía Internacional destacó que en Chile se comenzó a discutir un proyecto de ley que podría reconocer el crimen del «feminicidio», lo que podría incidir en disminuir la violencia contra las mujeres.