Aparte de preguntarle a todo nuevo sancarlista qué entiende por autonomí­a universitaria, me gustarí­a pedir su opinión de porqué dicha condición es deseable o necesaria. Estoy seguro que hoy las respuestas serí­an múltiples y, me temo, poco acertadas. Estamos hablando de una universidad nacional, es decir del Estado de Guatemala, que es sostenida con los impuestos de todos los ciudadanos. Por ello es que la Usac recibe de la Constitución el mandato de servir los mejores intereses de todas y todos los guatemaltecos.

Una universidad así­ es necesaria, porque el Estado necesita de un centro de estudio e investigación que lo asesore para definir y aplicar sus polí­ticas, que le ayude a enfrentar los problemas principales del paí­s y que le forme los recursos profesionales y técnicos para hacer funcionar la maquinaria del Estado. El primer contrasentido es que desde los tiempos de la gran represión en el paí­s, el Estado forma sus recursos en la Usac; pero los contrata en las universidades privadas, con profesionales sin duda capaces pero, salvo casos excepcionales, sin vocación de servicio a la población a través de las instituciones nacionales.

No obstante una universidad al servicio de la población necesita ser autónoma. No puede ser dirigida por el gobierno, porque ese serí­a un camino acelerado hacia el autoritarismo, ni por el Congreso o el sistema judicial. Mucho menos puede caer en manos del sector privado, porque quedarí­a supeditada a los intereses de la ganancia capitalista. Por ello, la responsabilidad de su dirección quedó en la propia comunidad universitaria, sobre la base de la Constitución y de su Ley Orgánica. La Constitución es clara, la Usac debe ser gobernada desde adentro. Cualquier interferencia externa, por los medios que sea, viola la autonomí­a universitaria y, por ende, la naturaleza de universidad estatal. Igualmente, es una violación de la Constitución.

Por ello es que afirmo que la primera obligación de los sancarlistas es la defensa de la autonomí­a universitaria. Lamentablemente, se han dado hechos que señalan que esa defensa no se ha asumido por la gran mayorí­a de estudiantes, profesores, trabajadores y, más preocupante, autoridades. Pende una espada de Damocles sobre la Usac, con una decisión de la Corte de Constitucionalidad que le señala que los vocales catedráticos de las Juntas Directivas de las Facultades deben elegirse según como la Corte piensa y no según la Ley Orgánica y la tradición universitaria. Salvo las acciones valientes de algunos estudiantes y pocos catedráticos, no se ha enfrentado esa decisión con la energí­a del caso. No se puede permitir que la primera en violar la Constitución sea, precisamente, la Corte de Constitucionalidad. La defensa de la autonomí­a universitaria es una obligación actual que debe asumirse frontal, total e inmediatamente.