Los efectos de la actual crisis económica mundial en los movimientos migratorios y la defensa de los derechos de los trabajadores extranjeros centrarán los debates del III Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM), que se celebrará en Rivas, cerca de Madrid, del 11 al 13 de septiembre.
«La crisis económica va a cambiar la actitud de los países occidentales» ante la inmigración, vaticinó Ignacio Díaz de Aguilar, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), coorganizadora del evento.
El FSMM nació del Foro Social Mundial de Porto Alegre (Brasil), creado en 2001 como alternativa al Foro Económico de Davos (Suiza), y se celebra por segunda vez en Rivas-Vaciamadrid con el lema «Nuestras voces, nuestros derechos, por un mundo sin muros».
Cerca de 2.000 miembros de organizaciones sociales y de la sociedad civil participarán en el foro, que irá precedido de una reunión mundial de autoridades locales y en el que intervendrán entre otros el relator especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes, el mexicano Jorge Bustamante, y la ministra ecuatoriana de Migraciones, Lorena Escudero.
La directiva de retorno de la Unión Europea (UE), el proyecto de muro en la frontera sur de Estados Unidos y el intento de España de frenar la inmigración legal, entre otros, muestran que «a nivel internacional hay un ánimo de cerrar fronteras», enumeró Díaz de Aguilar a la AFP.
Pero con el intento en España de frenar incluso la inmigración legal debido al desempleo que causa la crisis, «se está abocando a muchas personas a subirse en cayucos porque no tienen otra salida. No podemos cerrarles todas las vías», alertó, en referencia al aviso del gobierno español de que bajarán los contratos legales a extranjeros.
Varias organizaciones han advertido ya de que esa tendencia incrementará la inmigración ilegal, sobre todo la que llega desde Africa a España en embarcaciones precarias.
Las crisis llevan también a los responsables políticos a «utilizar de cara a la opinión pública permanentemente la reducción de la inmigración, lo cual es hacer un uso totalmente mediático» de ésta, estima Díaz de Aguilar.
Pero «no tiene consistencia», ya que «incluso con la crisis, hay una serie de trabajos que los nacionales no quieren hacer. Los últimos datos europeos dicen que a medio y largo plazo es imprescindible la incorporacón de nuevos migrantes para mantener al menos los mismos niveles de vida de la UE».
A la economía hay que sumar «una línea política mucho más regresiva» a nivel europeo practicada sobre todo por Italia y Francia, que es «especialmente dura contra todo el proceso de inmigración» y queda «plasmada en la directiva de retorno de la UE», añade.
Con esta directiva, que establece un límite de 18 meses de detención de un extranjero en situación irregular antes de devolverlo a su país, los europeos han «optado por el modelo de «prisión como coacción», por el modelo regresivo», a ejemplo de Alemania, en vez de por «un modelo de internamiento en plazos cortos, como tienen España y Francia», argumenta.
El foro también reclamará a todos los países europeos que ratifiquen la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de los migrantes, firmada hace ya 18 años.
Los derechos de los trabajadores inmigrantes, su no criminalización, el derecho al voto inmigrante y la ciudadanía universal que no distinga entre migrantes legales e ilegales serán otros pedidos de los participantes del foro procedentes de los cinco continentes.
«No es que Europa no quiera inmigrantes; los necesita, pero los quiere desciudadanizados, precarios, sin derechos»; «sólo así son rentables y competitivos» como «mano de obra súper explotable», apunta a la AFP Luiz Baseggio, portavoz del comité internacional del FSMM y secretario de la organización latinoamericana Grito dos Excluidos.