El fenómeno del cobro de cuotas fijas a los servicios de transporte colectivo ha acaparado la opinión pública, esto porque al parecer se le salió de las manos a las autoridades del estado.
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Según la opinión de algunas personas de la sociedad civil, que el estado envíe efectivos militares a procurar la seguridad en los buses es positivo y genera una actitud satisfactoria. Pero hay quienes creen que esta es una muestra más de que el estado ha fracasado respecto al tema de seguridad.
Esta semana, la ministra de Gobernación Adela Camacho de Torrebiarte, anunció la implementación de un plan que implicaba la suma de casi mil 500 efectivos militares a las fuerzas de seguridad capitalina con el objetivo de combatir la creciente ola de extorsiones de las que empresarios y pilotos del transporte colectivo son víctimas.
El oficial Carlos Caljú vocero de la Policía Nacional Civil (PNC) reiteró este plan e indicó que los operativos consisten en dos modalidades: el abordaje a buses por parte de las fuerzas combinadas (Policía y Ejército) así como la implementación de agentes encubiertos.
No obstante, esta medida se implementó a nivel de la ciudad de Guatemala, según informó el vocero de la PNC.
La crisis va en aumento
El representante de la Gremial de Transportistas Extraurbanos, í“scar Alvizures indicó que este fenómeno ha tenido un repunte exagerado en los últimos dos meses.
El fiscal Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, Jorge Luis Donado, estima que fuera de la capital los transportistas son extorsionados con cantidades de 100 a 150 quetzales diarios, y los propietarios de buses con casi 10 mil quetzales semanales.
Alvizures agregó que la crisis de los asaltos y extorsiones que se dan «a diario» en los buses ha alcanzado las afueras de la capital.
Esto llevó a que los empresarios del transporte extraurbano se reunieran con la Ministra de Gobernación y pusieran sobre la mesa los aspectos más medulares de este fenómeno.
Una de las solicitudes fue que se implementara una mayor vigilancia en las zonas consideradas de alto conflicto como la Antigua Guatemala, lugar donde ya se realizó un paro de buses en señal de alerta hacia las autoridades.
«Chimaltenango no tardará en suspender el servicio de transporte, debido al constante acoso del que son víctimas los pilotos», señaló el empresario.
Este fenómeno extendió sus brazos hacia los buses que transitan por la carretera interamericana, Escuintla, Palín, Santa Lucía, Mazatenango, entre otros.
Análisis
Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia (Sedem) señaló que la situación en la que se encuentra el país es lamentable, pero que llama fuertemente la atención la serie de problemas que se han suscitado en el transporte, parecieran crear condiciones para generar conflicto. «Este Gobierno ha sido impresionantemente inútil para garantizar la seguridad», subrayó la analista.
Respecto al tema del apoyo del Ejército a los buses la analista resaltó que es importante que el Gobierno tenga más elementos para la vigilancia en materia de seguridad, «lo que nos preocupa es que el estado siga recurriendo a militares para las tareas de seguridad ciudadana», señaló Hernández.
Por su parte Sandino Asturias, analista en temas de seguridad del Centro de Estudios de Guatemala, (CEG) indicó que este es el momento oportuno para evaluar las políticas de este Gobierno que consisten en «militarizar todo lo que pueda la seguridad y actuar con violencia en contra de la delincuencia con ejecuciones extrajudiciales».
La política de apoyarse del Ejército para brindar seguridad civil es equivocada, contraviene los Acuerdos de Paz y además a fracasado, asegura Asturias.
Propuestas
Los empresarios de buses extraurbanos propusieron a Adela de Torrebiarte la creación de una comisión con representantes del MP, la Comisión de Comunicaciones del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio de Gobernación, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros y la Coordinadora Nacional de Transporte.
Del 1 de enero al 27 mayo la PNC realizó 53 capturas por asalto o extorsiones a buses urbanos y 31 al transporte extraurbano y el MP asegura que ha establecido el modus operandi de estas bandas. Propietarios del transporte aseguran que el oficio de piloto no ha tenido una buena demanda en los últimos meses.