Algunos hechos y acontecimientos ocurridos en el país los últimos días, despiertan preocupación acerca de la frágil gobernabilidad. La Ciencia Política define la gobernabilidad como, «la cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio, de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia del pueblo.» (Xavier Arbós. 1993).
Esta definición toma en cuenta dos variables, la primera es la eficacia y la segunda la legitimidad. La eficacia puede entenderse como el cumplimiento de los objetivos del gobierno y la legitimidad como la aceptación de los ciudadanos de la dominación del gobierno. (Salvador Gines. 1993).
Explicadas las dos variables, dentro de la gobernabilidad se deben tomar varios aspectos que ayudan a consolidar la eficacia del poder ejecutivo. Dentro de éstos está la capacidad de aprobar leyes, la eficiencia para ejecutarlas a través del aparato burocrático y la aceptación de los gobernados para aplicar estas políticas.
En el sistema multipartidista donde predomina el pluralismo ideológico y el ejercicio parlamentario, no existe en el parlamento una mayoría predominante. La eficacia para elaborar y aprobar leyes se dará a partir de pactos políticos que conformen mayorías parlamentarias, es decir, coaliciones capaces de impulsar las leyes que al Ejecutivo interesen en función del bienestar social.
Para lograr la legitimidad, es importante la representación política, y la capacidad de los partidos para insertar o bajar demandas al sistema político. La representación se define como, «…la capacidad de un gobierno de poder decepcionar las demandas para representarlas ante el poder de una manera ascendente y de representar al poder de una manera descendente». (Marcos Novaro. 2000). De esa manera, el consenso con los sectores de la sociedad civil se facilita para elaborar demandas y políticas públicas. Los elementos mencionados configuran la gobernabilidad.
Al contrastar la teoría con la realidad del país, con facilidad se puede concluir que estamos frente a una crisis de legitimidad que pone en riesgo la gobernabilidad. Veamos algunos signos. El Ejecutivo aprueba reformas al Reglamento de Tránsito, restringe el uso de las motocicletas a un pasajero y ordena utilizar chaleco para identificar el número de matrícula; la Policía Municipal de Tránsito adversa la decisión por el color del chaleco y los trabajadores se oponen a la disposición ordenada.
Se aprueba la Ley de Acceso a la Información pero los alcaldes sugieren que debe negarse información sobre el salario de los mismos. Se aprueba la Ley de Armas y Municiones y sigue la matanza. O sea, hay manifestaciones de resistencia a la observación y cumplimiento de las leyes, pues. Lo que se percibe es que una parte de los gobernantes y gobernados se resisten o no quieren acatar las leyes. Es un mal síntoma.
P.S. El basurero Mixco-San Lucas que se acumula en ambas orillas del arriate central de la autopista y en las cunetas, sigue esperando atención de las autoridades de Covial y de las jurisdicciones municipales de esas localidades, la llegada del invierno amenaza con tapar los tragantes de la vía y provocar serias inundaciones entre los kilómetros 19 y 27. ¿Qué esperan para evitarlo? ¿Cuándo se ocuparán de limpiar la basura y despejar los tragantes?