La incapacidad para elegir Presidente de la Corte Suprema de Justicia, entendible por la profunda diferencia que hay en la visión del sistema de justicia entre los dos grupos de magistrados, se suma a la falta de nombramiento de Fiscal General, del titular del Instituto de la Defensa Pública y ahora del Contralor General de Cuentas de la Nación, lo que significa que estamos viviendo una crisis institucional que pone en riesgo el mismo orden constitucional.
Porque si bien la Corte de Constitucionalidad ha dictado resoluciones para subsanar la falta de autoridades designadas con apego a la ley, el día de mañana si el Tribunal Supremo Electoral no pudiera por alguna razón adjudicar el cargo a diputados o al mismo Presidente de la República, tendríamos que caer en una especie de «gí¼izachada» para subsanar la deficiencia y eso iría contra la Constitución de la República. Exactamente eso pasa con la Corte Suprema de Justicia, con el Fiscal General y el Contralor de Cuentas, cargos regulados con precisión por la Constitución de la República en la que se establecen plazos fatales para el ejercicio de tales cargos y no existe excepción alguna en la normativa constitucional.
Si nos acostumbramos a aceptar que se viole la Constitución y a encontrar salidas de gí¼izache, no nos sorprenda que el día de mañana se acuda a la Corte de Constitucionalidad para prorrogar un mandato constitucional o para revocarlo. Eso no está permitido, pero tampoco está regulado que alguien no nombrado con las formalidades de ley sea Fiscal, Contralor o Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El imperio de la ley tiene que ser absoluto y en el caso presente no podemos pasar por alto que hay una flagrante violación de normas constitucionales en cuanto a las vacantes de instituciones cuya titularidad está regulada por la Carta Magna. Es totalmente inaceptable que se incumpla con la norma constitucional porque estamos, de hecho, cayendo en una ruptura del orden que la misma Constitución establece. Eso no puede tipificarse sino como un golpe de Estado porque lo mismo se daría en caso de que el TSE no adjudicara diputaciones o convalidara la elección de Presidente y Vicepresidente de la República por cualquier razón que se quiera imaginar.
Estamos jugando con fuego y la Corte de Constitucionalidad tiene que preservar el Estado de Derecho. Si las entidades llamadas a elegir o nombrar no lo hacen, tiene que certificarse lo conducente por la violación constitucional en vez de andar buscando subterfugios legales que nos hunden en un pantano. Los plazos y términos constitucionales no son negociables ni discutibles.