La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) manifiesta que la crisis alimentaria se agudizaría en el país de no aprobarse de urgencia nacional la ley de Desarrollo Rural Integral, agravando las condiciones de vida de los guatemaltecos que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Según la ODHAG, se registran a diario casos de desnutrición “alarmantes, inhumanos e incomprensibles” por los efectos que está generando el modelo económico del país y la negativa de discusión de la ley de Desarrollo Rural.

“Los niños se están muriendo de hambre porque existe desigualdad, desarticulación y desatención por parte de las instituciones del Estado, sobre todo a la población indígena y campesina porque es la que más sufre en el área rural”, indica Ismael Macario, miembro de la Alianza para el Desarrollo Rural Integral.

El representante de ADRI señala que los programas sociales que se han implementado en los últimos Gobiernos, solo cumplen una función asistencial y clientelar, que no resuelven los problemas de desnutrición y de aumento de pobreza en el país porque no se privilegia la capacidad productiva y económica de las poblaciones rurales de Guatemala.

Además, para Macario las políticas públicas del Estado están guiadas a actividades extractivas y monocultivistas que generan ganancias solo para los sectores empresariales, pero que no privilegia la vida humana y la seguridad alimentaria, pues no se atiende a las personas más necesitadas.

“Vemos una población desnutrida y sin futuro, por incoherencias, incomprensión e incapacidad del Congreso de poder legislar las políticas que realmente benefician a la población rural del país”, expone.

Sobre la aprobación de la LDRI, Nery Rodenas de la ODHAG, explica que históricamente existen sectores privilegiados en el país, que no permiten que otros grupos que han sido excluidos de los procesos de desarrollo, puedan tener algún tipo de beneficio. “Estos sectores se han mostrado claramente en oposición y ejercido múltiples presiones para que esta ley no pueda entrar en vigencia porque en algún sentido va a afectar sus intereses”.

Sin embargo, manifiesta Rodenas, el Estado de Guatemala y el Gobierno debe orientar los esfuerzos hacia el beneficio colectivo y no hacia el beneficio de grupos que han detentado el poder y los privilegios durante procesos históricos en el país.

“A esto se debe el retraso de la aprobación de esta ley. El Congreso debe aprobarla para buscar el beneficio de la mayor parte de la población y no seguir favoreciendo con leyes y condiciones a otros grupos”. 

Finalmente, la ODHAG exige al Congreso de la República desentrampar la agenda legislativa para que la iniciativa de la LDRI no siga engavetada, y se apruebe de urgencia nacional, como se hizo con el TLC con la Unión Europea; y no solo se responda a intereses comerciales o individuales. Asumen además que con la aprobación de la LDRI, se estaría motivando a otras iniciativas de ley para el desarrollo productivo y social del sector campesino, agrícola e indígena del país.