Es casi el pan nuestro de cada día. Un sector de la población inconforme con la manera como se conduce el Estado, y afectada en sus condiciones de vida, sale a manifestarse con medidas de hecho. El resto de la población se queja al verse violentada en su libertad de locomoción, y el día finaliza con manifestaciones de buena voluntad de las autoridades estatales. Y al poco tiempo, el ciclo se repite.
Esto se observó ayer ante dos problemáticas: el cierre de la Universidad de San Carlos, y las demandas campesinas, que bloquearon algunas arterias capitalinas, y una carretera en la costa sur. Y nuevamente, muchos medios de comunicación, estuvieron ajenos a su papel de hacer un periodismo imparcial y/o de intermediación. Dieron mayor visibilidad a las partes inconformes con las medidas, y sin dar a conocer la raíz de la problemática.
En esta oportunidad, me centraré en el problema de la Universidad y las demandas de la población estudiantil inconforme con la actual administración, el Consejo Superior Universitario -CSU-, y la Asociación de Estudiantes Universitarios -AEU-.
Desde el pasado 9 de agosto, el campus central de la Universidad de San Carlos se encuentra cerrado por una coordinación estudiantil denominada Estudiantes por la Autonomía -EPA-. Este grupo había cerrado meses atrás las instalaciones de la casa de estudios por 11 días. Se volvió a realizar esta acción por un supuesto incumplimiento del CSU de atender sus demandas.
Las demandas pasan por el derecho de elección de las autoridades universitarias, y de una serie de medidas administrativas que se cree limitan el acceso a la Universidad de manera gratuita, de calidad y sin restricciones de cualquier índole.
Se publicó ayer en La Hora que el CSU analiza suspender la matrícula de quienes tienen cerrada la Universidad. En lugar de buscar llegar a acuerdos buscan criminalizar la acción de protesta. La razón, dicen algunos, es que afecta intereses económicos de personas vinculadas a AEU, quienes se benefician con los servicios de fotocopiadoras y parqueos en la Universidad. No lo digo yo, sino el estudiantado en protesta, comentaristas de la columna de este servidor, y prácticamente es un secreto a voces.
En tanto, detractores del grupo EPA -incluidos comentaristas de la columna de este servidor- les señalan de criminales, y hasta «terroristas», y les condenan por «violentar el derecho de los estudiantes a recibir sus clases».
Quienes se manifiestan así, y condenan las acciones de EPA, son probablemente muchas personas. Pero en su gran mayoría están informadas por esos medios de comunicación que no han informado las causas de la protesta, y cuál es la situación actual de la Universidad, y quienes han faltado a la responsabilidad de atender la problemática que atraviesa nuestra casa de estudios.
Noti 7 tiene abierta la encuesta de la semana: ¿Cree usted que es correcto que un grupo de estudiantes mantenga bloqueado el ingreso a la Universidad de San Carlos de Guatemala debido a sus protestas?
Qué pasaría, si en lugar de hacer esta pregunta tan sesgada, se le preguntara a la población ¿cree usted que es correcto que la Universidad reciba sólo el 2.8% del presupuesto, de un 5% que le corresponde constitucionalmente?, o ¿cree que es correcto que sólo al estudiantado se le apliquen medidas para mejorar su nivel académico, y no al docente? Y junto a ello abrir el medio a la opinión de la población estudiantil sobre la problemática estructural de la Universidad. Y si hay instancias señaladas de corrupción, o de tener negocios ilícitos, se deberían investigar esos casos.
Ante la incapacidad de los Gobiernos, la posición de la ciudadanía se debe hacer sentir, y los medios juegan un papel importante. Si nos quedamos observando lo que pasa, sentados frente a la televisión, o atrapados en los congestionamientos provocados por las manifestaciones, el ciclo se repetirá una y mil veces más.