Un hogar pobre y desintegrado con una madre alcohólica y un sistema estatal con un frágil combate contra la trata de personas son los principales factores que delinearon el destino de Josefina*, quien desde los 5 años de edad fue utilizada como un objeto, dedicada a trabajos domésticos y posteriormente fue víctima de múltiples violaciones sexuales.

Es un caso emblemático de la trata de personas, especialmente de niñas de zonas rurales que, según las autoridades, pueden ser vendidas como esclavas sexuales y después prostituidas por Q150.

La historia inicia en el occidente del país, en el departamento de Quiché, uno de los más pobres y alejados de las vías del desarrollo. Josefina vivía en un hogar desintegrado y rodeado de pobreza extrema hasta que falleció su madre, una mujer dependiente del alcohol.

Desprotegida por el resto de su familia, tuvo que trabajar desde los 5 años en las labores domésticas de al menos tres casas en Quiché, Quetzaltenango y Guatemala. Al principio la carga de trabajo y el trato parecían impropios para una niña, pero luego llegaron a ser hasta inhumanos y denigrantes.

“Doña Lorena* me ponía a lavar trastos, a tortear, a barrer, a lavar ropa, y como no podía por mi edad, porque estaba muy pequeña, doña Lorena me decía que me iba a agarrar de limpiador de comal.  Un día, ella y dos hombres, a quienes no conocía, me colgaron de las canillas y pusieron en el suelo un plato viejo, con brasas, chile cobanero, cheleque (excremento de gallina) a modo de que el plato quedara debajo de mi cabeza, para que oliera el humo; con el humo me ahogaba, arrojaba (vomitaba)”, refiere una transcripción de la denuncia oral de Josefina, hoy, una joven de 18 años.

También fue víctima de abuso sexual por parte de los familiares de las mujeres que supuestamente la emplearon en sus casas, pero que no le remuneraban por el trabajo que realizaba.

“Un día el hijo de doña Lorena me tapó la boca y al mismo tiempo me quería quitar el corte para abusar de mí, pero en eso llegó una familiar de él, por lo que únicamente me tocó.  Otro día, el esposo de doña Lorena me dijo que me quedara en la cama con él, del lado del rincón; cuando sentí me quitó el corte, y se estaba quitando el pantalón, luego se subió sobre mí y yo le pregunté qué estaba haciendo, él me contestó que me durmiera. Yo le dije a doña Lorena, pero no me puso asunto. Dijo que yo era una mentirosa, una chismosa”, señala Josefina en la denuncia.

Según la joven, estos vejámenes fueron recurrentes en la casa de Zacualpa, Quiché, donde trabajó hasta que cumplió 12 años, cuando supuestamente fue rescatada por una mujer que la llevó a trabajar a Quetzaltenango. Ahí la situación fue peor, pues sufrió agresiones y continuos abusos sexuales por parte del hermano de su falsa salvadora, y por eso se convertiría en madre cuando aún era una adolescente.

En estado de gestación, Josefina fue vendida a la propietaria de un comedor en la Capital, quien le dijo que se había “arreglado” con su anterior patrona, por lo que no le pagaría nada por el trabajo doméstico que realizaría. Cuando la adolescente dio a luz a su hijo -producto de abuso sexual- su antigua empleadora viajó de Quetzaltenango a Guatemala y registró al bebé a nombre de su hija.

“Ella dio mis supuestos datos en el Hospital Roosevelt; dijo que yo me llamaba como su hija, inscribió a mi nene en el Registro con los nombres de su hija, ella lo hizo todo”, señala la joven, quien por esa situación ahora teme perder a su bebé.

Después, Josefina aprovechó un descuido de su empleadora y logró escapar del comedor donde trabajaba sin paga, y fue referida al Refugio de la Niñez, una organización no gubernamental que la ha acompañado en su complejo proceso de recuperación y le ha brindado asistencia legal para denunciar a sus victimarios.

La organización presentó una denuncia el pasado 24 de agosto en la Fiscalía de la Mujer y en la Fiscalía de la Niñez Víctima del Ministerio Público; la joven declaró el pasado 4 de septiembre y para el próximo 19 de octubre se programó la próxima audiencia del caso.

PROSTITUIDAS POR Q150
Según investigadores de la Unidad contra la Trata de Personas de la Policía Nacional Civil, la explotación laboral y sexual son delitos frecuentemente vinculados con los casos de trata de personas.

Las pesquisas refieren que en materia de explotación sexual, las niñas son captadas en el interior del país, principalmente, entre los 12 y 17 años por “reclutadores” que buscan llevarlas a la Capital para venderlas como empleadas domésticas, prostitutas o distribuidoras de droga.

El trabajo realizado por los investigadores da cuenta que los grupos criminales explotan sexualmente a las menores por Q100 o Q150, con hombres que visitan cantinas, bares y hoteles del Centro Histórico y de zonas marginales.

El pasado 3 de agosto, las autoridades capturaron a 15 integrantes una banda criminal denominada Estrella, supuestamente dedicada a la trata de personas, y liberaron a 17 menores de edad de entre 14 y 17 años.

Las adolescentes habrían sido captadas por un hombre que se ganó su confianza y la de sus padres, a quienes les hizo creer que trabajarían de niñeras en la Capital, pero realmente fueron explotadas sexualmente en doce distintos lugares en las zonas 1, 4, 5, 11 y Amatitlán.

Se cree que el grupo era dirigido por Juan Mateo Hernández Coj y su esposa, Tatiana Tomasa Esquivel Gómez, la encargada de proveer de ropa, zapatos y maquillaje a las menores; su hijo, Walter Mateo Hernández Julián ocupaba el puesto del líder cuando estaba ausente; mientras que Cornelio Silvestre Luis Cux viajaba al interior del país, donde identificaba y captaba a las menores.

Once personas más fungían como colaboradores dentro de la estructura criminal, que también se dedicaba a la distribución de drogas. La banda fue señalada por los delitos de trata de personas, promoción a la prostitución, encubrimiento propio y falsificación de documentos.

Pese a los esfuerzos para combatir la trata de personas, el combate a este delito por las autoridades guatemaltecas parece aún insuficiente para considerar que pueda ser erradicado.

De acuerdo con el informe Trafficking In Persons Report, divulgado en junio pasado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, “el gobierno de Guatemala no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas”, aunque “está realizando esfuerzos importantes para lograrlo”.

“(…) Las unidades de investigación siguieron sin contar con los fondos necesarios; muchos jueces y oficiales de las fuerzas del orden no tuvieron información adecuada sobre la trata de personas; y la complicidad oficial siguió obstaculizando las iniciativas contra de la trata”, advierte el informe. “Según se informó, algunos jueces desestimaron casos de trata o absolvieron a los delincuentes responsables de trata debido a que se desconoce el delito, y las ONG mencionaron que algunos funcionarios no saben que el trabajo forzoso es un delito”.

“Informes creíbles de organizaciones internacionales, ONG y varios funcionarios del gobierno continuaron indicando que los funcionarios públicos corruptos obstaculizaron los esfuerzos de las fuerzas del orden contra la trata y facilitaron la actividad de trata al aceptar o extorsionar sobornos, falsificar documentos de identidad, filtrar información sobre incursiones policiales inminentes a sospechosos de la trata y hacer caso omiso de la actividad de trata en los lugares con oferta comercial de sexo. El gobierno no informó que estuviese investigando, enjuiciando, condenando o castigando a ningún funcionario cómplice de la trata de personas”, denuncia el informe estadounidense.

PERFILES
Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez, externa su preocupación por la situación de las niñas del interior del país, quienes son presas vulnerables para explotadores o redes de tratantes, que se aprovechan de la de pobreza y exclusión en la que viven. “Hay elementos que vale la pena considerar. En la mayoría de casos son hermanas mayores y con niveles de escolaridad muy bajos (…); el acceso a educación en sus comunidades es muy limitado, no han tenido realmente un desarrollo integral”, indica.

A criterio del activista, la extrema pobreza y la ausencia de un sistema de protección son factores combinados que influyen en la captación de las menores. “A menores factores protectores, mayores riesgos”, refiere el entrevistado.

Aunado a esto, según investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía, muchas de las menores que son cooptadas del área rural únicamente dominan el idioma maya de sus comunidades y esto las hace aún más vulnerables a los grupos de delincuentes, incluso algunas no pueden huir de sus esclavizadores por las barreras idiomáticas.

Según el “Estudio exploratorio sobre los niveles de vulnerabilidad en Guatemala ante la trata de personas”, realizado en 2011 por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), ser mujer, niña, indígena y pobre son las condiciones que más exponen a las víctima de explotación sexual y trata de personas en el país.

Además, señala que la falta de empleo y la falta de información que brinde herramientas básicas para contrarrestar el engaño que los tratantes emplean, son los factores identificados como los de más peso en los niveles de vulnerabilidad de la población.

ESTADÍSTICAS
Según las estadísticas de la Unidad Contra la Trata de Personas de la Policía, en lo que va del año se ha liberado a 74 víctimas de explotadores o redes de tratantes, incluidas 55 menores de edad, y se ha detenido a alrededor de 60 personas sindicadas por delitos relacionados a esta problemática.

Los principales desafíos de esta Unidad son la falta de personal, pues en la actualidad hay solo 12 investigadores para atender los casos de la capital y sus vínculos en el interior del país, así como la escasa asignación de recursos  para operar e investigar.

Los policías a cargo de esta instancia solo cuentan con un vehículo para atender las denuncias.  No tienen un presupuesto para realizar labores encubiertas, pues deben invertir de su propio salario para investigar la forma de operar de las bandas delictivas.