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De acuerdo con Jorge Mario Caballeros, de la Subsecretarí­a de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, de la Secretarí­a de Bienestar Social, existen casos preocupantes en los que se detectó que pandilleros del Sector 11 del Preventivo para Varones de la zona 18 pretenden comunicarse por medio de correspondencia con la juventud privada de libertad en Etapa II.

Según Caballeros, en algunos casos, los padres de familia avalan la comunicación y son quienes podrí­an participar en el intercambio de la correspondencia, sin embargo, a través de los controles en los cuatro centros de privación, supuestamente, se ha logrado evitar estos hechos.

A decir del profesional, semanalmente se realizan cuatro requisas, para evitar la circulación anómala de armas de fuego, el consumo de drogas y sobre todo el intercambio de información por medio de escritos, pues ya se han incautado varias cartas que habrí­an sido enviadas por pandilleros a los jóvenes.

Actualmente están recluidos 469 jóvenes y adolescentes en diferentes centros de privación. En Etapa II, hay 146 adolescentes que son miembros de la Mara 18 y en Anexo, 64 jóvenes de la Mara Salvatrucha.

Mientras, en el sector femenino de Gorriones hay 42 jovencitas, y en Gaviotas 217.

Según se indica, en los centros de mujeres adolescentes existe menos conflictividad que en los de jóvenes, puesto que «ellas aprenden a convivir más rápido que los adolescentes», aún cuando son de maras rivales.

PENAS

Caballeros opina que, en el caso de los criminales que buscan ví­nculos con los jóvenes, los adultos deberí­an ser castigados con penas duras, pues éstos son quienes dirigen a los menores de edad en violaciones a la Ley, para corromperlos e involucrarlas en delitos serios.

El funcionario ve con preocupación que los hechos ilegales de asesinato, extorsión, y otros, cobren mayor relevancia en los jóvenes e incluso en niños. Existe en la sociedad guatemalteca una seria preocupación por la gran participación de los jóvenes en hechos delictivos, pues se evidencia la falta de educación, valores y oportunidades para los menores de 18 años.

Estadí­sticas de la Policí­a Nacional Civil (PNC) dan cuenta que en 2009 fueron capturados mil 813 menores de edad, mientras que en los primeros meses de 2010 se reportan 517 capturas, sindicados de delitos graves como homicidio, tráfico de drogas, extorsión, portación ilegal de arma de fuego, robo, entre otros.

Carmen Rosa de León, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), opina que para contrarrestar los actos ilegales que incriminan a la niñez y juventud, es necesario conocer quiénes son los que manipulan a los menores, pues de no castigar a los autores intelectuales de los crí­menes, se fortalece la impunidad.

Por su parte, Felipe Garcí­a, del Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en Guatemala, indica que el problema de utilización y reclutamiento de los menores de edad trascendió en los últimos años, debido a que no existen programas integrales de prevención del delito.

Según Garcí­a, lo lamentable del caso es que estos sectores de la población se encuentran a merced de delincuentes y criminales, quienes se aprovechan de la vulnerabilidad en la que se encuentran, aunado a que no existe verificación por parte de las autoridades y de las fuerzas de seguridad para evitar esos hechos, aún cuando los menores de edad se encuentran en centros de detención.

¿REINSERCIí“N?

Representantes de la Secretarí­a de Bienestar Social indican que están conscientes que pese a la implementación de programas de reinserción social, no todos los jóvenes están dispuestos a cambiar de actitud cuando salen del centro, pues vuelven a delinquir, y esto debido a que los padres de familia y la misma sociedad no contribuye con apoyarlos.

Al parecer, las autoridades no tienen una respuesta clara respecto a cómo lograr la reintegración de los jóvenes. La crisis de valores en el paí­s es grave, consideran analistas quienes además, estiman que el papel de las familias en la sociedad ha sido mermado por las drogas, la delincuencia y el dinero que reciben por uno u otro.

¿Qué van a preferir los jóvenes, trabajar con poca preparación y ganar de acuerdo a ello o mejor delinquir y ganar mucho más dinero?

Los funcionarios de Bienestar Social son los responsables por los ví­nculos que los jóvenes mantienen con los criminales mientras se encuentran en los centros de detención.

Según Jorge Mario Caballeros, están conscientes que pese a las estrategias que se implementan no todas funcionan, derivado de falta de voluntad de los menores de edad y del apoyo de los sectores en mención.

Actualmente 11 maestros imparten cursos en los cuatro centros de privación; un grupo está asignado a la primaria y otro a secundaria. Debido al asesinato de un catedrático en Etapa II, el año pasado, pocas personas quieren aceptar un empleo en esos lugares.

En el equipo que atiende a los adolescentes y niños se encuentran psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, médicos y psiquiatras.

La polí­tica educativa y de reinserción se enfoca principalmente a los jóvenes y adolescentes que ya están sentenciados, pues existe un plan establecido por un juzgado para ayudarlos en su reinserción, cuando salgan libres.