La próxima Cumbre de Jefes de Estado de Iberoamérica, a realizarse en octubre en San Salvador, tendrá como tema: «Juventud y Desarrollo». Asimismo, se ha denominado a este el Año Iberoamericano de la Juventud, y el 12 de agosto se conmemoró el Día Nacional e Internacional de la Juventud.
Lamentablemente en las vísperas de esta fecha fueron asesinados tres jóvenes organizados en la Asociación Cristiana de Jóvenes -ACJ-, que realizaban trabajo comunitario en Amatitlán. Y no pasaron dos días cuando en Villa Nueva, aparecen atados de manos y con tiro de gracia un niño de 10 años y otro de 15. Lo terrible de estos acontecimientos debería de horrorizar e indignar a toda persona.
Pero ocurre que las reacciones de la población no necesariamente son así. Comenzando porque la aparición de personas muertas al borde de los caminos no es nada nuevo y ya no es motivo de asombro para quienes lo leen y ven constantemente. Por otro lado, en los medios se informó que junto a los cadáveres de los tres jóvenes se encontraba una moto, por lo cual el Ministerio Público investiga la posibilidad que estén involucrados en actos delictivos.
Esto bastó para que la opinión pública convierta este condenable suceso en otro caso de estigmatización de la juventud, en el que si un joven murió fue porque era delincuente.
No obstante, ante estos crímenes, ni el MP ni los medios de comunicación se han dado a la tarea de profundizar sobre lo que ha originado las muertes de estos y muchos más jóvenes.
Conversando con ex miembros de la ACJ, que conocieron a los jóvenes de Amatitlán, expresaron que eran personas que estaban comprometidas con el trabajo de servicio comunitario. De hecho, por tratarse de una zona marginal, su trabajo los involucraba con jóvenes en riesgo, o quizás ya involucradas con pandillas y drogadicción.
Ante esto, hay otra hipótesis que debiera investigarse. Esta juventud que promulga por una nueva vida en las comunidades representa una amenaza para quienes se dedican a la distribución de drogas en barrios marginales.
Lo señalo sobre la base de otros hechos similares. En Ciudad Quetzal, la población denunció a un grupo del crimen organizado de distribuir drogas a la juventud de esa zona y que la policía que opera en el lugar, además de no intervenir, parecía tener componendas con los delincuentes. Resultado de estas denuncias, el presidente del comité de barrio fue secuestrado y desaparecido. Su nombre es í“scar Duarte.
No obstante esa realidad, se insiste en seguir financiando medidas represivas contra la juventud, como el Plan Mérida y las patrullas combinadas. Ya es hora de que nuestro país le apueste a terminar con aquello que provoca la violencia y muertes de jóvenes: el desempleo, la desintegración familiar, la falta de acceso a educación, cultura y recreación. También debe trabajarse por la salud mental de la población que cada vez está más acostumbrada a ver muertes, y que ven positiva la limpieza social.