La sentencia dictada ayer en el caso del Banco de Comercio contra Roberto Manuel Segovia Olivotto es un precedente muy importante porque se trata de castigar un crimen que en Guatemala se ha perpetrado anteriormente con impunidad. Se trata de un banquero condenado a 33 años de cárcel por haber estafado a los clientes que depositaron su dinero y su confianza en una institución bancaria avalada y supuestamente controlada por la Superintendencia de Bancos, en la que se hicieron micos y pericos con el dinero de los ahorrantes que lo perdieron todo.

Algunas personas que conocen intimidades del manejo de ese banco cuentan que Segovia no era ni la pieza principal ni quien tomaba las decisiones más importantes. Es más, afirman que quien dirigía en serio las operaciones ni siquiera aparece en la lista de prófugos porque supo utilizar a otras personas para que dieran la cara, entre ellas una abogada. Los socios del quebrado banco tenían conocimiento de los negocios para engañar a los clientes y lo mismo puede decirse de las autoridades encargadas de la supervisión del sistema financiero nacional.
 
 Por ello es alentador que la sentencia ordene que se investigue a fondo el papel que jugó el entonces Superintendente de Bancos y la Presidenta del Banco de Guatemala porque ya es tiempo de que nuestros funcionarios entiendan que tienen que rendir cuentas de sus actos. Y por acción o por omisión pueden ser responsables de permitir que se hiciera una estafa como la que afectó a muchos ahorrantes que depositaron su dinero confiados en que los bancos están sujetos a un control permanente para proteger los intereses y el dinero de los clientes.
 
 Por supuesto que la condena a 33 años contra Segovia significa que los otros socios no van a ser localizados nunca en el mapa porque ya se sentó el precedente y por supuesto que los que dirigieron las operaciones tienen que responder por el dinero que perdieron los ahorrantes. Sabiendo cómo es que funcionan las cosas en el país y viendo casos como el de Roberto Barreda que se logró “hacer humo” gracias a una serie de complicidades de gente influyente, habría que ser demasiado ingenuo para suponer que algún día la justicia podrá castigar de manera efectiva a los que se esfumaron tras la quiebra del banco. Pero no debemos perder la esperanza de que algún día dispongamos de investigadores más serios y responsables que hagan bien su trabajo para establecer el paradero de esos criminales que tienen que someterse a la justicia.
 
 Pero también es importante, para efectos futuros, que se establezca claramente que las autoridades llamadas a impedir esos fraudes cumplan con su deber. No puede ser que la gente honrada que trabaja afanosamente para lograr algún ahorro, lo termine perdiendo todo por la falta de vergüenza de banqueros que actúan como vulgares ladrones y por la falta de responsabilidad de quienes devengan un sueldo para fiscalizar y supervisar precisamente las operaciones financieras a fin de evitar este tipo de situaciones.
 
 Los socios del Banco de Comercio no realizaron las operaciones fraudulentas a escondidas sino que abierta y claramente, entregando al público documentos que debieron ser objeto de fiscalización y control. En cambio, las autoridades se lavaron las manos y cuando salieron a luz los certificados de depósito que no certificaban ni garantizaban nada, hicieron el aspaviento de mostrarse sorprendidos, cuando esos papeles estuvieron siempre a la vista de los clientes y de los intendentes.
 
 En medio de tanto fiasco que nos deja la administración de justicia en nuestro país vemos algo positivo. Cierto que la pita se rompió por lo más delgado y que quien recibe la condena no es de las figuras principales del fraude pero por lo menos hay una señal positiva.