El Gobierno trata por todos los medios de convencer a la población de que en materia de seguridad hemos mejorado y para el efecto usan sus propias estadísticas para reflejar una modesta disminución de la cantidad de hechos de violencia en comparación con el año anterior. Sin embargo, se producen crímenes que desnudan por completo la crisis que vivimos en materia de seguridad, como los ocurridos esta semana contra el Fiscal del Ministerio Público a cargo de casos delicados como el de los diputados del Parlacen y el cometido anoche contra el Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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En el primer caso, el abogado Juan Carlos Martínez Gutiérrez tenía a su cargo crímenes de los conocidos como de alto impacto y entre ellos destaca el de los diputados del Parlamento Centroamericano, mismo en el que ha sido impresionante la forma en que han ido eliminando a mucha gente que ha tenido vinculación con el caso. Desde los policías acusados de ser los ejecutores hasta el fiscal a cargo de la investigación, la verdad es que la lista de muertos por haber tenido algún tipo de relación con ese crimen es demasiado grande y demuestra que hay enorme interés por impedir que se pueda llegar a una investigación efectiva.
En el caso del decano de Humanidades, licenciado Mario Calderón, se trata de un académico que destacó en la Universidad habiendo logrado ser reelecto tres veces para ese importante cargo, lo que habla bien del criterio que de él tenían estudiantes, maestros y profesionales que son quienes tienen la responsabilidad de elegir a los decanos. Su asesinato, perpetrado como tantos otros en condiciones que posiblemente nunca sean esclarecidas, demuestra cuán inseguros estamos todos los ciudadanos en Guatemala porque la única certeza que hay respecto al crimen es que aquí quien la hace no la paga.
Los asesinatos cotidianos, los que ocurren en el marco de asaltos, extorsiones o simples altercados en la vía pública, ya no causan ningún impacto y simplemente sirven para la estadística mientras los deudos tienen que soportar su dolor con el agregado de la frustración que provoca la falta de justicia. Pero cuando ocurren hechos que por la trayectoria de las víctimas adquieren notoriedad en los medios de comunicación, como que sentimos la sacudida que nos recuerda que vivimos en un país donde no hay ley, donde no existen mecanismos de administración de justicia que puedan ser disuasivos para los criminales.
Ni en el caso del licenciado Martínez ni en el del licenciado Calderón puede uno suponer que las autoridades van a lograr resultados en la investigación porque la norma es que aquí ese tipo de hechos permanecen siempre en la impunidad. Por más que el Fiscal General, licenciado Juan Luis Florido, diga que él y sus colaboradores no se intimidan ante el asesinato del fiscal a cargo de investigar el crimen de los diputados del Parlacen, lo que los ciudadanos entendemos es que se corta otra línea de investigación y que por si alguna falta hacía, se pone un clavo más al ataúd de la impunidad en ese caso.
Si ni siquiera cuando uno de los suyos cae puede, el Ministerio Público, mostrar un aire con remolino para investigar a fondo, qué le puede esperar al ciudadano común y corriente, a ese piloto de bus que muere casi en forma anónima porque de su caso nadie se ocupa. Apenas una mínima cantidad de esos crímenes ha merecido una investigación y, para ello, sin resultados. La crisis es evidente y muy grave, por más que la propaganda oficial nos diga que vamos mejorando.