El asesinato de la joven socióloga Emilia Quan ha causado enorme conmoción en los círculos académicos del país por las características especiales del crimen, más allá del cariño y simpatía que despertó la académica en su corta vida. Para desgracia de los guatemaltecos, todo apunta a que se trata de otro más de los numerosos crímenes cometidos sin que exista la posibilidad de castigo para los responsables, materiales e intelectuales, lo que nos vuelve a demostrar el nivel de vulnerabilidad que hay en el país para los ciudadanos honrados.
En esta misma semana se produjo otro asesinato en la ciudad de Guatemala, cuando un ejecutivo de una empresa de seguridad fue atacado a tiros en un restaurante de la zona 9. Pese a tener su propio cuerpo de seguridad que trató de repeler el ataque y de que con él estaba el hermano de la esposa del Presidente, no hubo forma de detener la acción criminal ni, mucho menos, opciones para esclarecer las causas del ataque. Si eso pasa con el cuñado del Presidente de la República, qué le puede esperar a la población común y corriente.
Los mensajes son francamente desalentadores para la población porque lo que va quedando es la sensación de que estamos definitivamente perdiendo la batalla contra la criminalidad. Es tan campante la impunidad que hay en el país y que permite a los criminales actuar con absoluta tranquilidad, que todos debiéramos estar absolutamente preocupados. Es más, cuando las fuerzas de seguridad esclarecen un crimen, como pudo haber sido el caso del futbolista de San Marcos asesinado, resulta que los delincuentes tienen más poderío que la Policía Nacional Civil y se dan el lujo de rescatar a balazo limpio al detenido.
¿Dónde podemos encontrar signos de aliento para suponer que el Estado está al menos avanzando en la lucha contra la violencia y el crimen? Sabemos que no se puede resolver un problema tan complejo de la noche a la mañana, pero los signos que recibimos es que vamos como el cangrejo, caminando para atrás en vez de lograr resultados positivos. Cada día ocurre alguna situación que nos coloca en posición de lamentar la ineptitud del Estado para cumplir con su obligación de asegurar la vida a los habitantes de la República.
Ratificamos nuestra tesis de que es la impunidad la que alienta el crimen y no la falta de castigos ejemplares como la pena de muerte. Bastaría con que el delincuente supiera que sus actos tendrán una sanción para cambiar la tendencia, pero aquí la única certeza que hay es que quien la hace no la paga porque todo el sistema está funcionando para alentar la impunidad.