La renuncia de José Carlos Marroquín Pérez de la Unidad Nacional de la Esperanza nos recuerda la frase acuñada por Karl Marx: «La historia se repite dos veces: la primera, como tragedia; la segunda, como farsa». Quizás lo que hoy es un infortunio lamentable, en el caso de un partido político enfrentado a sí mismo, puede llegar a transformarse en la parodia de drama de un gobierno.
El crimen organizado en Guatemala ha crecido en medio del progresivo desmoronamiento del Estado. Los narcotraficantes dejaron de ser un grupo delictivo emergente para convertirse en una clase criminal robustecida. Como otras clases con aspiración de escalamiento, la delincuencia organizada ha pretendido reconocimiento social, predominio económico y gravitación política.
Es desalentador escuchar la denuncia de José Carlos que su salida de la UNE se debe a las presiones del crimen organizado, el cual, ahora sabemos, es el foco de mayor agresividad hacia los valores sociales que padece el país. Se trata de organizaciones para secuestrar, extorsionar, defraudar, colaborar con el terrorismo, narcotráfico, financiar acciones delictivas mediante el lavado de dinero, y muchas otras conductas que abarcan sectores de los llamados «delitos de guante blanco».
La salida de Marroquín Pérez se debe al llamado poder «disgregativo», que consiste en la capacidad difusa pero efectiva de erosionar y derrumbar las instituciones sociales, políticas y económicas establecidas, mediante un conjunto de acciones desafiantes y violentas que ponen en evidencia las deficiencias e injusticias del Estado de derecho.
Como lo han mostrado los ejemplos históricos de Colombia, Italia, México, Nigeria y Rusia, el crimen organizado primero se inserta económica y socialmente, y luego busca afianzamiento político y protección institucional. Gradual pero implacablemente, la criminalidad organizada empieza a tener más autoridad que el Estado central o el municipal. Muchos aspectos financieros y tecnológicos de la globalización resultan funcionales tanto a la consolidación del crimen organizado como al mayor debilitamiento estatal.
Como hace unos años en Colombia, hoy en Guatemala gran parte de la violencia imperante se vincula con las mafias que aquí operan. A medida que las mafias en Guatemala incidan en las elecciones e incluso manejen un presidente afín a sus intereses estratégicos, se entenderá que el tema de la criminalidad organizada ha dejado de ser un problema jurídico superable con más leyes draconianas. Se comprenderá entonces que la delincuencia organizada es una cuestión política que exige un tratamiento integral, orientado a evitar que la clase criminal continúe prosperando.