La muerte de un fiscal en Quetzaltenango, el asesinato de dos trabajadores del Sistema Penitenciario y el crimen contra tres investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) son sólo un ejemplo de los niveles que podría alcanzar el crimen organizado cuando su operación es interrumpida o investigada; su fortaleza se basa en la intimidación mediante acciones y mensajes de terror, de las que ni las autoridades y la sociedad se pueden librar.
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El 5 de junio pasado, un solo disparo en el cuello acabó con la vida del agente fiscal del Ministerio Público (MP) de Quetzaltenango, Nicolás Rufino Velásquez Oroxom, de 51 años, quien fue atacado por un desconocido que viajaba a bordo de un automóvil, en compañía de otra persona.
El hecho se registró en la colonia La Democracia, zona 8 de la Ciudad de Quetzaltenango, tan sólo dos días después que Velásquez Oroxom lograra, junto a un equipo del MP, una sentencia condenatoria para Juan Antonio Ordóñez Hernández, alias «el Chicharra» -miembro de la banda de secuestradores «Los Pitágoras»-, sindicado por el delito de femicidio, por el asesinato de Leticia Yaneth Sotovando Rodas, otra integrante de dicha estructura criminal.
Fuentes confidenciales revelan que el agente fiscal fue amenazado de muerte el 28 de mayo de 2010, a las diez de la mañana, en su oficina, por Juan Antonio y Jorge Ordóñez Mazariegos, hijos del sindicado, quienes además intentaron coaccionar a la víctima para que desistiera de seguir con el proceso legal en contra de su padre.
«Le dicen (a Velásquez) que si acciona en contra del papá lo van a matar, pero esto se sabe después de la muerte del fiscal, porque él no había informado nada por temor», señala la fuente.
Según la persona entrevistada, los hermanos Ordóñez Mazariegos quedaron ligados a proceso por los delitos de conspiración para asesinato y obstrucción a la justicia, pues su venganza trascendió en el MP.
Sin embargo, por el riesgo que conlleva, se extendió una solicitud a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que el caso se conozca en los Juzgados de Competencia Ampliada o de Alto Riesgo, en la capital, debido a que la parte acusadora podría estar en riesgo nuevamente.
Esta información fue confirmada por el fiscal distrital de Quetzaltenango, Jorge Molina Canales, quien indica que las pesquisas del caso ya no corresponden a su jurisdicción.
«Solicitamos la prórroga de competencia. Por cuestiones de seguridad, pedimos que se realice el proceso en los Juzgados de Competencia Ampliada o de Alto Impacto en Guatemala», afirmó Molina Canales, quien al mismo tiempo indica que la petición fue otorgada.
Al ser consultado sobre si existen amenazas de muerte en contra del personal de esta fiscalía, prefiere no pronunciarse, por seguridad, indicó.
VIGILADOS, ANTES DE MORIR
El 28 de junio recién pasado, Henry Giovanny Guevara Barrientos, guardia del Sistema Penitenciario (SP) asignado a Petén, y Wendy Mariela Colín Chávez, jefa del Preventivo para Varones de la zona 18, son asesinados en la colonia Atlántida, zona 18, cuando viajaban en un vehículo; minutos antes habrían dejado a un niño en una guardería del sector.
De acuerdo con fuentes policiales, las víctimas habrían sido vigiladas con anticipación, pues los sicarios que los asesinaron conocían los horarios y lugares en donde se movilizaban los fallecidos, ya que incluso evitaron causarle daño al niño que viajaba con ellos.
Según un investigador policial, es posible que al menos siete personas -que no precisamente podrían estar vinculadas a las pandillas-, participaran en estos asesinatos por distintas razones, que prefiere no precisar, para no entorpecer las investigaciones, indica.
Aunque se hablaba de reacciones por parte del crimen organizado, por el aparente control que tomaron las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) y del Sistema Penitenciario (SP), para controlar las prisiones, tras acceder a las exigencias de más de 40 pandilleros que fueron trasladados de la cárcel de Fraijanes II al Preventivo para Varones de la zona 18, aún no se confirma que por esas razones los dos trabajadores del SP fueran asesinados, porque aún falta que fluyan otros datos del caso.
Las pesquisas están a cargo de la PNC y el MP; algunos de los hallazgos dan cuenta que los fallecidos posiblemente fueron víctimas seleccionadas al azar, pero controladas con anticipación por personas que gozan de libertad.
Las autoridades han indicado que la muerte de estas personas, junto a la decapitación de cuatro más, en junio pasado, se investigan en un solo caso, por las similitudes de los hechos.
A decir de las fuentes, el crimen organizado es responsable de planificar esos crímenes, donde las acciones se organizaron con anticipación, estrategia y logística.
Por la decapitación de cuatro personas, un hombre y una mujer fueron capturados recientemente; las autoridades los acusan de formar parte de la banda que desmembró a cuatro personas en junio pasado.
DOS HIPí“TESIS
Dos hipótesis se manejan en torno a la muerte del oficial del Departamento de Homicidios, Gustavo Adolfo Pineda Carías y de los agentes Noé Eliú Blanco Solís y í‰lfego Vásquez Cabrera, quienes fueron abatidos a tiros el 10 de marzo pasado.
El caso fue trasladado a la Fiscalía de Delitos contra la Vida, de tal cuenta que las pesquisas no están más a cargo del departamento de Homicidios de la Policía Nacional Civil (PNC) tras «especulaciones» que surgieron sobre el tema, informó una fuente policial.
Sin embargo, esas «especulaciones», forman parte de dos hipótesis que investigan las autoridades de justicia.
La primera, está relacionada a las pesquisas que iniciaron los investigadores relacionadas a expendios de droga en el Cerrito del Carmen, donde días antes habrían recopilado información «importante» de las personas que participaban en esos hechos ilícitos.
Asimismo se investigaba la posible participación de trabajadores de la División de Investigación Criminal (Dicri) del Ministerio Público (MP), quienes habrían tenido «diferencias laborales» en capturas que trabajaron en conjunto con los policías.
De acuerdo con algunos compañeros de los investigadores, esto podría tratarse únicamente de «diferencias laborales», que aparentemente no llegaron a más, sin embargo, en por lo menos dos ocasiones, uno de los investigadores fallecidos se habría quejado de la «corrupción», que observaba en los procedimientos que realizaban los miembros de la Dicri.
Esas «molestias» llevaron al oficial Gustavo Pineda a denunciar ante la Agencia 11 de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida Del MP, el 25 de enero, a Diego Armando López Alserro, pues esta persona intervino en la captura de dos hombres, sindicados de asesinato.
Según se ha informado, el investigador de la Dicri discutió con el oficial Pineda, porque este último exigía se llevaran a cabo las capturas de los acusados, mientras que López Alserro se oponía. En esa ocasión hubo una fuerte discusión.
CRIMEN ORGANIZADO
A criterio de expertos en seguridad, en los tres casos -por las evidencias recopiladas y los procedimientos observados-, existen pruebas suficientes para culpar a miembros del crimen organizado que agotaron los recursos para evitar procesos de investigación, «pero como no lo logaron decidieron matar a las personas a cargo de las pesquisas que habrían de inculparlos».
Según Mario Mérida, analista en seguridad, los grupos del crimen organizado tienen la capacidad de infiltrar amenazas a las instituciones que son las responsables de combatirlo, pero cuando se agotan las áreas de infiltración y amenaza, eligen la eliminación física con el propósito de terminar temporalmente con la persona que está a cargo de esas pesquisas, pero también de mandar un mensaje de coacción para que otros no continúen con las investigaciones.
El profesional afirma que el crimen organizado se caracteriza por la planificación de los hechos delictivos, aplicación de códigos de comunicación específicos, control de recursos y las áreas geográficas de sus víctimas, entre otros.
Los casos en mención, indica, son ejemplos de la logística y forma de actuar de esos grupos, que utilizan vehículos, armas, horarios y puntos estratégicos para llevar a cabo los delitos.
Según Rolando Yoc, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), «lamentablemente» en estos hechos existen grupos enquistados en las instituciones de justicia y seguridad, quienes actúan agrediendo a personas que aparentemente quieren hacer un buen trabajo.
A decir del profesional, lo preocupante del caso es que si agreden a los encargados de las instituciones de seguridad y justicia, los ciudadanos están en un estado total de indefensión.
Yoc también opina que es importante que la sociedad elija adecuadamente a las autoridades del Organismo Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque desde esos puestos existe corrupción y si la población es indiferente al escoger a sus funcionarios, no se logrará combatir al crimen organizado y todas sus estructuras.