Es imprescindible para la vida en paz y desarrollo del país, rescatar a Guatemala de estos flagelos que pugnan por controlar totalmente el Estado y así amasar mayores fortunas que las que ya tienen.    Para lograr esto es necesario apoyar las acciones de CICIG,  que el Congreso acelere la aprobación de las leyes recomendadas por esta comisión internacional,  seleccionar acertadamente a los jueces y magistrados más probos y capaces profesionalmente,  instalando un sistema de evaluación del desempeño y disciplinario ágil, que permita depurar y procesar a los que no resuelvan con apego a la Ley.
También es necesario continuar la depuración y profesionalización de la PNC que se vio truncada con la llegada del anterior Ministro de Gobernación.   De igual forma es necesario depurar y capacitar a los integrantes del Ministerio Publico.  Estas  instituciones del Estado deben de trabajar de forma coordinada con el fin de mejorar el resultado de sus acciones y optimizar los recursos.     Todo esto no basta si no se pone atención a la problemática social, pues el hambre y la falta de satisfactores a las necesidades básicas y derechos fundamentales, permiten que los jóvenes sean fácilmente cooptados por el crimen organizado.
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En Guatemala la mitad de la población son niños y adolescentes quienes ven su vida marcada y limitada por la desnutrición crónica,  poco acceso a la educación,  condiciones sanitarias y de vivienda precarias, también se pone en práctica la  discriminación a las mujeres y los pueblos mayas.   Estas son  características de un Estado excluyente que ve en la violencia y la actividad delictiva las manifestaciones, efectos del egoísmo y la avaricia de algunos grupos que en su miopía de nación solo piensan en sus privilegios, ya que algunos de sus integrantes también están detrás de este monstruo que nos amenaza.    Es urgente se priorice en la inversión social, se fortalezca el Estado de Derecho y la institucionalidad.