Los habitantes de la aldea Chilajú, Salamá, Baja Verapaz, aún no se recuperan de los crí­menes que habrí­a cometido Joshua Thomas Cotoc, un hombre estadounidense sindicado de abusar sexualmente de más de 30 niños de esa comunidad.

Aunque los más vulnerables y los más afectados son las pequeñas ví­ctimas, en la comunidad también se han dado algunos «efectos» de ese duro golpe, puesto que el grupo se ha disgregado y los niños son objeto de burla, tanto de otros niños como de algunos de sus familiares.

Así­ lo afirmaron algunas de las partes del proceso y lo confirmó la Procuradurí­a General de la Nación (PGN), querellantes adhesivos dentro del debate; quienes solicitaron a la jueza contralora del proceso en primera instancia la atención psicológica, tanto para los niños como para otros miembros de la comunidad, lo cual no se ha cumplido.

El Ministerio Público considera que el extranjero sindicado incurrió en más de 30 violaciones en esa comunidad, no obstante, actualmente sólo enfrenta proceso penal por cuatro.

Pero esto ha retrasado el proceso en su contra, pues además de los recursos legales interpuestos por su defensa, estuvo hospitalizado desde el 9 de diciembre de 2008 hasta dos semanas atrás.

A criterio de Alexander Colop, fiscal titular de la fiscalí­a de la Niñez Ví­ctima del MP, «la declaración tanto de los niños ví­ctimas como de sus padres son elocuentes».

Aunque el fiscal no otorgó detalles de las declaraciones, la acusación refiere que el sindicado para cometer el delito «hací­a grupos de varios niños para quedarse a dormir con ellos».

El documento acusatorio también refiere que Cotoc bajo engaños como juegos, dinero, ropa y comida hací­a que los infantes accedieran a ir a su casa y que a determinada edad los dejaba de invitar.

Actualmente el sindicado se encuentra en prisión preventiva por los delitos de abusos deshonestos violentos continuados con agravación, debido a que el crimen fue ejecutado varias veces.

El caso

En diciembre de 2008, la Policí­a Nacional Civil de la aldea Chilajú, Salamá, Baja Verapaz, practicó un allanamiento en la residencia de Joshua Thomas Cotoc, quien años atrás habí­a llegado de su paí­s de origen (Estados Unidos) a trabajar como misionero en esa región.

Las autoridades capturaron al estadounidense en flagrante delito, cuando abusaba de cuatro niños de la comunidad donde laboraba.

Según información de testigos, el entonces recién detenido intentó quitarse la vida con un bisturí­ al verse descubierto. Según la fiscalí­a, las ví­ctimas del sindicado oscilaban entre los 8 y los 12e años de edad.

El juez de Primera Instancia de aquella región lo ligó a proceso por cuatro delitos de abusos deshonestos violentos; sin embargo, la Fiscalí­a contra la Trata de Personas, que investiga el caso, asegura de tener nueve testimonios más que lo involucran con abusos sexuales.

Mientras el MP lo sindica del delito de abusos deshonestos violentos, la defensa del sindicado sostiene que la nueva Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas deroga ese delito.

Las heridas

Los señalamientos, burlas y rechazos de parte de otros miembros de la comunidad, así­ como de algunos familiares de los niños ví­ctimas de ese hecho no se han hecho esperar. En ello coincidieron algunas de las partes del proceso.

Sin embargo, esos crí­menes han generado también la disgregación de la comunidad y que otras de las ví­ctimas ya no declaren ante el MP o denuncien los hechos, debido a que no quieren ser objeto de burlas y rechazos.

Dentro del proceso penal contra Cotoc, la PGN representa a los niños que fueran ví­ctimas del extranjero; Abraham Baca, portavoz de esa instancia, indicó que los fenómenos arriba citados ya han sido confirmados por éstos y que se han ejercido acciones legales, las cuales no se han cumplido.

«Los niños son rechazados en la comunidad, no sólo por sus vecinos sino, inclusive, por sus familiares, les ponen apodos y se burlan», explica Baca.

Ante tal situación, Baca informó que la PGN solicitó a la jueza contralora del proceso que se les facilitara tratamiento psicológico tanto a los niños como a la comunidad; sin embargo, la juzgadora sólo ordenó que los menores y sus padres sean tratados psicológicamente en el Hospital Nacional de Salamá.

Pese a esa orden, el tratamiento «no se está dando», indica el vocero de esa instancia y añade que «no es un proceso fácil, pero la PGN está vigilante para que se lleve a cabo. El proceso será lento por el poco personal que tiene ese hospital», señaló.

Vulnerabilidad

Byron Alvarado, representante del Movimiento Social por la Niñez y la Adolescencia de Guatemala, explica que la teorí­a de protección integral a los niños ví­ctimas de delitos sexuales promueve que el desarrollo de éste «no sólo sea fí­sico sino emocional y cognitivo», señala.

«Cuando las y los niños se ven agredidos por los adultos o por una circunstancia brutal como agresión fí­sica, ésta tiene graves repercusiones en su personalidad y contribuye al cí­rculo de la violencia intrafamiliar; sin tratamiento adecuado, estos niños serán agresores con sus hijos, con su esposa y con todos los que estén a su alrededor», explica el experto.

Entre otras secuelas de esos hechos, Alvarado añade que este tipo de agresiones produce la pérdida de valores de convivencia y de referencia en el niño, ya que éste se abstrae de la realidad: «Esta es una reacción propia de la realidad del ser humano y se puede abstraer mentalmente hasta incluso generar retraso mental», indica.

A criterio de Alvarado, la comunidad deberí­a recibir ayuda parental, es decir no tratamiento psicológico en clí­nicas sino sesiones de terapia grupal para que comprendan que lo que le pasó a los niños se trata de una agresión brutal y no es conveniente que se incida en la revictimización y estigmatización.

«El Estado debe brindar apoyo inmediato a la comunidad y orientarla para que reciba y proteja a los niños que sufrieron esta agresión y no para que los rechace», enfatiza el entrevistado.

Alvarado considera que el tratamiento debe ser ejercido por el Ministerio de Salud, debido a que «la violencia en el paí­s es un problema de salud pública», considera.