En Guatemala la mayoría de personas que desean obtener recursos monetarios, recurren a las entidades bancarias para conseguir créditos, pero estos son usados de distintas maneras, mismas que dependen de los objetivos de cada uno de los deudores. Racionalmente hablando, la finalidad de un crédito debería encaminarse a emprender una nueva empresa o la adquisición de un bien -el valor de uso del bien debería superar el costo del uso del dinero prestado-, entre otros usos coherentes que pueden aplicárseles.
Sin embargo, gran parte de los créditos son utilizados para el consumo diario familiar y personal, y estos pueden ir desde el cubrimiento de necesidades básicas hasta algunas que pueden catalogarse como superfluas. Menciono lo anterior, porque recuerdo que aproximadamente hace un año, se realizó un concierto en Guatemala, y en esa oportunidad se detalló que más de la mitad de los boletos fueron pagados mediante tarjetas de crédito, entonces, bajo estas circunstancias no dudo que muchas personas aún arrastran pagos desde aquella fecha.
Por otra parte, el Gobierno se enfrenta a este tipo de situaciones, y siempre está en la incertidumbre del uso que se le darán a los fondos conseguidos. En este caso, es de conocimiento público que por lo general las deudas adquiridas, son destinadas a gastos de funcionamiento -sueldos de empleados públicos- y solamente un pequeño porcentaje es utilizado para la inversión. También, es necesario aclarar que la inversión no debe relacionarse únicamente con la infraestructura, puesto que hay diversidad de campos en donde el Gobierno debe hacerlo, como lo pueden ser la educación y la salud, y otros espacios que también son fundamentales para el desarrollo del país.
En algunas oportunidades podrían ser justificables hasta cierto punto los endeudamientos para el pago de sueldos, porque de no concretarse esto se dejaría de prestar servicios básicos a la población, perjudicando así a un buen grupo de la sociedad. Pero, es lamentable que muchas veces estos préstamos se utilicen para ejecutar gastos innecesarios, o para el pago de otra deuda, lo que en otras palabras podríamos decir que es como estar cerrando agujeros y abriendo otros, con el riesgo de que estos sean cada día más grandes.
En ambas situaciones, tanto el Gobierno como algunas familias, no han sabido encaminar el uso de sus créditos para generar bienestar y se gastan el dinero en vez de invertirlo. Dichas personas, caen en el juego de la publicidad y el consumismo, dejando por un lado las finalidades de un crédito, y con esto degradan su nivel de vida, empezando por la inestabilidad emocional que esto conlleva hasta llegar a la imposibilidad de obtener los artículos de consumo más básicos. El Gobierno, como ya lo he afirmado, no establece cuál es su capacidad real de gasto, puesto que se compromete y al final no le alcanza la recaudación, por lo que se ve obligado a incurrir en préstamos para financiar el resto.
En fin, el problema no son los créditos, sino más bien es, no encontrar respuestas lógicas de las siguientes preguntas: ¿Por qué necesito este dinero? ¿Cuál es la finalidad de adquirir el crédito? ¿Qué capacidad de pago poseo? ¿Cómo elevara mi calidad de vida esta inversión? ¿Qué beneficios traerá a la sociedad la adquisición de esta deuda? ¿Qué expectativas de recaudación existen para pago de deuda nacional? Si los agentes económicos -Gobierno y familias- lograran tener claras las respuestas de estas interrogantes, no dudo que disminuiría el número de personas con problemas financieros, además de elevar la calidad de vida de las familias. Los países en la banca rota serían menos, y seguramente la ejecución del gasto público se haría de una manera más responsable y racional.