El Frente Nacional de los Derechos Económicos y Sociales, un conglomerado de 18 sindicatos y organizaciones sociales de obreros de la construcción, maestros, médicos, estudiantes, grupos campesinos y empleados de la estatal Caja del Seguro Social (CSS), ha anunciado marchas y protestas en nueve provincias del paí­s a partir de mañana.

Si para el 13 de marzo no hay respuesta del gobierno a las demandas de los sindicatos, estos podrí­an ir a la huelga general para exigir un aumento general de sueldos y el congelamiento de los precios de los alimentos.

Las protestas, que hace dos semanas se saldaron con un muerto, decenas de heridos y detenidos, «continuarán e irán en aumento porque el paí­s está creciendo y la economí­a del panameño no», declaró el economista Alexis Soto, asesor de la Organización Nacional Agropecuaria (ONAGRO), quien recuerda que la inflación pasó en el último año de 1,4% a 7,6%, con los precios de los alimentos subiendo 13,6%.

«En Panamá hay más plata, pero el paí­s es ví­ctima de su propio éxito», dice Soto, porque los «salarios se han mantenido estáticos».

Una encuesta publicada ayer por el diario La Prensa, realizada por la empresa Dichter And Neira, reveló que el desempleo -pese a la reducción anunciada por el gobierno- la delincuencia y los precios de los alimentos son las principales preocupaciones de los panameños.

El gobierno se ufana de haber atraí­do inversiones por 30 mil millones de dólares para los próximos 10 años, al socaire de la ampliación del Canal, cuyo costo asciende a 5.250 millones de dólares.

La capital está salpicada de rascacielos que compiten en altura y crecen nuevos resorts turí­sticos, mientras la fiebre constructora se amplí­a a puertos, refinerí­as, centros comerciales y otras grandes obras.

«Con hambre, miseria y desasosiego no puede haber paz», advirtió el Secretario General de la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá (ASEUPA), Damian Espino, quien anunció que cocinarán en una olla común, durante los próximos cinco dí­as «plátano que es lo único que le quedará al pueblo para comer porque el 75% de sus ingresos se van en comida».

Según Soto, el gobierno debe intervenir en la economí­a para controlar los oligopolios en la venta de alimentos y en la producción de electricidad, privatizada en 1995.

«Está demostrado que el mercado solo no se autoregula por lo que se necesita la intervención de un mercado con músculo para que los servicios públicos cumplan también con su parte social», sostuvo.

Espino está en contra de las protestas violentas y se ha distanciado de los dos sindicatos, pero acusó al gobierno de perseguir a los dirigentes del sindicato de la construcción y por la muerte del obrero Airomi Smith en un enfrentamiento con la policí­a hace dos semanas.

Para Saúl Méndez, secretario de defensa del sindicato de la construcción, Suntracs, y lí­der del Frenadeso, «el problema de Panamá es la distribución de la riqueza que se queda en manos de 100 familias poderosas».