La iniciativa del gobierno de Guatemala y concretamente del presidente Pérez Molina con relación a la despenalización de la droga será objeto de un análisis en los próximos días con el concurso de valiosas personalidades que podrán aportar puntos de vista a favor y en contra, de manera que se pueda avanzar hacia la posibilidad de hacer una propuesta regional para definir la mejor estrategia para enfrentar a uno de los mayores problemas que hay en la actualidad.

No se trata, desde luego, de una rendición ante el crimen organizado ni de negociar con sus jefes, como aparentemente hizo el gobierno salvadoreño que llegó a pactar con las maras en busca de una reducción de la cantidad de muertes violentas en el país. Se trata de la adopción de políticas creativas e ingeniosas para enfrentar un flagelo que está no sólo cobrando vidas, sino destruyendo la institucionalidad y la gobernabilidad en muchos países que sufren la penetración de grupos criminales que corrompen hasta el tuétano toda la estructura institucional.

Desde los tiempos de Nixon, hace ya poco casi cuatro décadas, se ha mantenido invariable el concepto de guerra al narcotráfico tal y como se diseñó en esos tiempos sin que podamos presumir de resultados satisfactorios porque si bien el Plan Colombia permitió liberar a ese país de la hegemonía de los carteles en términos de violencia, en la práctica y por otras vías hay que reconocer que continúa su presencia e importancia en el campo de la producción, en tanto que desplazaron sus operaciones más violentas hacia el norte e hicieron de Centroamérica una zona profundamente afectada por la presencia de distintos grupos que en su disputa por el control del mercado generan enorme violencia.

De hecho, los mayores avances que se han dado en control de la violencia derivada del narco son resultado de acuerdos entre los carteles para operar pacíficamente en algunas regiones o cuando uno de los grupos se convierte en dominante luego de deshacerse de sus competidores. Pero no hay en absoluto una reducción del tráfico ni de la demanda, por lo que el problema sigue afectando a países con debilitadas instituciones.

La decisión norteamericana de sentarse a debatir, aceptando que se cuestione la eficiencia de las políticas tradicionales, abre la oportunidad de combatir el flagelo por otras vías y eso es lo que se tiene que buscar mediante el diálogo que se hizo posible tras la audaz iniciativa de Pérez Molina que causó inicialmente un rotundo rechazo en Washington, pero que ahora ofrece el espacio para un abordaje menos encasillado de un tema en el que quienes han llevado la voz cantante, obviamente no han dado la nota correcta.

Minutero:
Otra vez el campesino
emprende el mismo camino;
siempre en busca de respeto
que no llega por decreto