A pesar de que las acciones de gobierno podrían sugerir lo contrario, según analistas, la administración de Pérez Molina realiza esfuerzos para transparentar la gestión gubernamental y combatir la corrupción.

Luego de que la Corte de Constitucionalidad dictara un fallo que dejó fuera del ordenamiento jurídico a la Secretaría de Control y Transparencia (Secyt) que dirigía Verónica Taracena, el Gobierno contraataca con la creación de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret). Un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por diputados de Lider, dejó sin efecto a la Secyt.

La nueva entidad que tiene vigencia por seis años a partir de mañana, fue creada mediante el Acuerdo Gubernativo Número 360-2012, publicado hoy en el Diario Oficial. A diferencia de la Secyt, la Copret estará adscrita a la Presidencia de la República, aunque la dirige la Vicepresidencia.

En la nueva Comisión podrán participar a invitación del Director Ejecutivo, que será nombrado por el Presidente, cualquier institución del Estado, los sectores privado y académico, sociedad civil organizada y organismos internacionales. La Copret se reunirá por lo menos una vez al mes.

FORTALECER A LA CONTRALORÍA
Andrés Castillo, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) dijo que “como sector privado, siempre hemos dicho que hay que fortalecer la institucionalidad”. Por tal razón, “esos esfuerzos deberían estar enfocados en fortalecer y hacer operativa la Contraloría General de Cuentas”, sostuvo.

En lugar de gastar tiempo y recursos en la creación de secretarías o comisiones, “deberían dirigirse en la Contraloría, que a la larga es la institución que se creó para eso (fiscalizar)”, aunque al día de hoy, “no hemos visto mayores resultados”.

Para garantizar la transparencia, a criterio de Castillo, se debe revisar la Ley de la Contraloría, así como a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, pues con las excepciones, figura que contempla esa normativa, también hay “danza de millones”, señaló.

El gobierno ha manifestado que el tema de la transparencia es prioritario, explicó el empresario, y eso sería un buen elemento dentro de la administración pública, “pero debemos enfocarnos en las instituciones que ya están creadas para ese fin”.

Una buena política de transparencia sería el acuerdo entre sector privado y gobierno, que permitirá hacer auditorías en el Ministerio de Gobernación, entre otros, para garantizar ahorro de recursos.

Según Castillo, aunque la creación de la Comisión es muestra de “buena voluntad”, algunas compras en Fonapaz, la realización del usufructo a una empresa de capital español en la Empresa Portuaria Quetzal, entre otras cosas, hacen dudar de la transparencia, porque “la falta de transparencia lo que genera es duda y la duda provoca desconfianza; el gobierno tiene la obligación de hacer todos estos procesos transparentes y públicos”, aseveró.

DISCURSO INCONSISTENTE
Marvin  Flores, de Acción Ciudadana, señaló que la Comisión es “una acción positiva”, que permitirá coordinación en las instituciones de gobierno, pero se debe impulsar una política nacional de transparencia, que hasta ahora no existe. Sin embargo, no deben sobreponerse funciones de otras entidades.

La voluntad política sería clave para impulsar la lucha contra la corrupción, agregó Flores, pero “vemos poca coherencia entre las acciones de gobierno y el discurso”, comentó, porque habría condicionamiento de los financistas para “pagar favores a cambio del financiamiento recibido”.