Guatemala se encuentra en una situación económica desesperada, porque la economía local es incapaz de brindar empleo a la totalidad de guatemaltecos que año con año se adhiere a la población económicamente activa en busca de un trabajo formal. Se hacen esfuerzos por tratar de crear las condiciones favorables, mismas que faciliten la creación de puestos de empleo formales y dignos, pero lastimosamente esos esfuerzos que llevan más de dos décadas en el país han sido insuficientes.
Prácticamente las exenciones fiscales han sido la punta de lanza, de lo que se le ha denominado ante la opinión pública una política de incentivos para la inversión, mismas que seguramente han generado una buena cantidad de empleo desde finales de los ochentas. Sin embargo, hoy en día aún se discute si ese empleo creado llena las condiciones mínimas que caracterizan un trabajo digno, donde los derechos laborales del país sean en su mayoría respetados, otorgando así una real posibilidad de elevación de los niveles de vida para los trabajadores involucrados.
Toda política económica integral siempre irá dirigida hacia la creación de empleo que perdure en el tiempo, es por esto que en la actualidad se hacen esfuerzos en Guatemala por implementar políticas que sean capaces de incentivar la inversión; que dicho sea de paso, estas, como en ocasiones anteriores, siguen privilegiando las exenciones fiscales.
La crítica siempre girará en el contexto de la recaudación fiscal, porque mientras que los funcionarios de turno se quejan de la poca capacidad de maniobra del gasto público –derivado de la modesta cantidad de fondos recaudados–, la contraparte defiende los genuinos intereses, de cada vez financiar menos las funciones del Gobierno. Siempre será la pugna por exigir mayor calidad de servicios con la menor cantidad de impuestos, y al final no es contraproducente reclamar el mejor uso de los recursos, pero también no debe olvidarse que todo se condensa en la discusión de quienes son los que financian al final estos servicios exigidos.
Cuando se tocan este tipo de temas –los cuales son medulares–, seguramente despiertan debates, porque al final se sabe que la inversión necesita mínimos para lograr ser ejecutada, los que van desde infraestructura hasta capital humano, pasando por atractivos fiscales –que no son los mayores determinantes de la inversión–; pero, en el momento de analizar quiénes dotan el financiamiento para mejorar algunas de estas variables, se necesita saber que los impuestos indirectos constituyen un poco más de las tres cuartas partes de cada quetzal que ingresa a las arcas nacionales, evidenciando esto que los productores brindan un aporte poco significativo desde el punto de vista de la recaudación absoluta.
Entonces, se concluye que las intenciones de incentivar la creación de empleo seguramente son las mejores, pero, también debe aceptarse que no puede seguirse castigando el financiamiento del presupuesto de la nación, en donde cada vez los recursos son más escasos y las exigencias mayores. Es por lo anterior, que de contraerse los ingresos, también disminuyen las posibilidades de formar un mejor capital humano, que dicho sea de paso es de mayor importancia para la captación de nuevas inversiones que las mismas exenciones fiscales, formándose así un círculo vicioso difícil de superar.