El hecho de que el ahora presidente de la Corte Suprema de Justicia, Erick ílvarez, esté sindicado del delito de falsedad intelectual y material por la compra ilegal de terrenos en San Marcos, y venderlos a la empresa Montana Exploradora para la cual trabajaba como representante legal, es vergonzoso, evidencia de que muchos de los funcionarios públicos no cuentan con la ética y solvencia moral que los cargos que ocupan requieren, y de cierta forma constata todas las quejas existentes de los pobladores, ya que están actuando de forma irregular.

Lo cierto del caso es que cerca de 40 mil familias fueron afectadas por los despojos de tierra que se llevaron a cabo en ese lugar, muchos de ellos en forma violenta.  Teodora Hernández, lideresa de esta población, fue agredida y perdió un ojo por oponerse a la minerí­a.

Por otro lado, existen otras amenazas, como el dique de cola que está a punto de rebalsarse y de soltar todos los contaminantes que retiene en rí­os.

Y luego, la explotación petrolera en Petén, en un área protegida avalada por el mandatario, contradiciendo tratados y el derecho a una vida digna de quienes habitan la región: es insultante.  Sobre todo si se toma en cuenta el nivel de pobreza y subdesarrollo de los municipios donde esto sucede, lo poco o nada que deja al paí­s y lo que deteriora al medio ambiente. Y es que si el Ministro de Ambiente, experto en el tema, no concuerda con la prórroga, es inevitable pensar qué intereses tienen Colom y quienes lo secundan en que Perenco continúe, es claro que los 13 millones para la reconstrucción por el paso de la tormenta Agatha es un excusa absurda, poco creí­ble además, que en todo caso sólo evidenciarí­a falta de inteligencia.

Sumado a esto surgen apoyos al gobierno, como el del alcalde de Dolores, Petén, de traer hasta 400 mil personas para poyar las órdenes del mandatario, risibles, no hay tanta gente en el departamento para empezar y ni siquiera la población total está de acuerdo, y luego más violencia, más enfrentamientos y confrontación.

Si es un Gobierno democrático, no pueden ni deben suceder este tipo de cosas, si hablan tanto de derechos hay que empezar por respetarlos. Los berrinches son para los niños y el gobierno, aunque lo dirija ílvaro Colom, es de Guatemala, no de su propiedad. Así­ que para empezar el jefe del Ejecutivo debe reconsiderar esta acción tan poco razonable y deleznable y el Presidente de la CSJ debe renunciar o ser destituido y toda Guatemala, Sociedad Civil, organizaciones sociales y claro los organismos internacionales, exigir que se cumplan las leyes, que se respete la vida y que quienes vienen a hacerse ricos a costa de la vida y dignidad de las y los guatemaltecos que se vayan.