No hay duda que en Guatemala estamos atravesando por una de las coyunturas políticas más difíciles y delicadas de la historia de vida republicana.
La tormenta desatada por los señalamientos hechos por el señor Rosenberg, contenidos en un vídeo grabado pocos días antes de su asesinato, han puesto contra la pared al Presidente de la República y a otros altos funcionarios de gobierno, a quienes se acusa de supuesta responsabilidad en las muertes del profesional y de otras dos personas, así como de actos de corrupción.
Esta situación ha sido aprovechada por sectores políticos conservadores para exacerbar los ánimos de la población, organizar marchas de protesta para demandar justicia y hasta exigir la renuncia del presidente ílvaro Colom. Parece que el sentimiento de rechazo al gobernante va en aumento, para el domingo 17 han convocado a una marcha pacífica y están reuniendo firmas de la ciudadanía para provocar conforme el procedimiento legal, la salida del mandatario. El Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales Y Financieras CACIF, organización cúpula empresarial, anunció su apoyo a la marcha pacífica.
La investigación de las muertes y los hechos señalados, está a cargo del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra La Impunidad CICIG, entes que también cuentan con la colaboración de agencias internacionales de investigación como el FBI, según lo anunciado por el embajador estadounidense en el país.
Sin esperar el resultado de la investigación ni mucho menos observar el principio de presunción de inocencia, los conservadores continúan atizando el fuego y siguen provocando desestabilización. Todo indica que está en marcha un plan que pretende romper el orden constitucional, interrumpir el proceso democrático y retornar al pasado.
Los hechos son por demás preocupantes, por eso, otros sectores de la vida nacional como las organizaciones sindicales, populares, iglesias, de derechos humanos y gremiales, están llamando a mantener la calma, exigiendo transparencia e independencia en la investigación.
En el análisis de esta coyuntura no pueden dejarse de lado otros hechos recientes que hay que recordar, el primero es la decisión gubernamental de atacar la impunidad existente mediante la investigación de hechos del pasado, que hasta ahora ha tenido como resultado la captura y enjuiciamiento de agentes del Estado comprometidos en violaciones a los derechos humanos. Esta decisión ha provocado enojo y rechazo por parte de quienes tienen la cola machucada y se oponen a la verdad.
Por otro lado, los intentos gubernamentales para impulsar una tibia reforma fiscal se ha topado con un muro de contención. La oligarquía nacional como en anteriores ocasiones, se opone a cualquier reforma que intente nuevas relaciones impositivas. Tal parece que en efecto, ciertas decisiones de la actual administración del Estado, no son del agrado de los sectores oligárquicos y por ello están intentando por todos los medios deslegitimar a los gobernantes.
En mi artículo de la semana pasada llamé la atención sobre los signos de ingobernabilidad latentes en la situación nacional, ahora la coyuntura nos está dando la razón. Con el último escándalo por el caso Rosenberg, la situación se agrava. Todos los esfuerzos nacionales deben encausarse para garantizar el Estado de Derecho.
P.S. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Familia. En Guatemala la mayor parte de las familias ha sido víctima de la violencia organizada, esperan justicia.