El gobierno de Costa Rica está listo para dar por concluido el contrato con Alterra Partners para la administración del aeropuerto Juan Santamaría, el principal del país, si no se aceptan cinco condiciones «innegociables», advirtió ayer una fuente oficial.
«No es un adendum más, es parte del proceso de cancelación del contrato», declaró a la AFP la presidenta del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) y viceministra de Transportes, Viviana Martín.
El CETAC planteó el pasado lunes al gestor del aeropuerto Juan Santamaría, la empresa Alterra Partners (de la que la estadounidense Bechtel es el principal accionista), cinco condiciones para hacer viable la continuación del contrato vigente desde 2001.
El gobierno costarricense exige a los bancos y a la empresa que renuncien a la pretención de establecer en 9 millones de dólares, como máximo, las multas acumuladas por los incumplimientos contractuales de Alterra.
«Por imperativo legal, nadie nos puede poner un techo en el tema de las multas, serán los tribunales costarricenses los que por recomendación del CETAC digan cuál es el monto a pagar», advirtió Martín.
Asimismo, el gobierno exige que la empresa se comprometa a terminar las obras de ampliación del aeropuerto que contempla el contrato y a tener funcionando, al 1 de diciembre próximo, 24 nuevos puestos de Migración, a fin de agilizar el movimiento turístico que inicia a partir de esa fecha su temporada alta.
También exige que la empresa retire una demanda contencioso-administrativa planteada contra el Estado y que acepte una ampliación de no más de tres años y medio del contrato de gestión, en vez de los cinco años que pretende Alterra.
El planteamiento del CETAC se produce en reacción a una propuesta formulada días antes, como un último intento por evitar la cancelación del contrato, por un equipo técnico integrado por representantes de esa misma entidad, los bancos acreedores y el órgano fiscalizador del aeropuerto.
Los bancos acreedores, algunos de ellos nacionales y otros extranjeros, deberán responder el próximo lunes a los condicionamientos del CETAC, pero la directora ejecutiva de Alterra, Mónica Nágel, dijo esta semana que ve «muy difícil» que éstos puedan aceptarlos.
A su juicio, el principal problema es no establecer un tope al monto de las multas por incuplimientos contractuales, pues eso -afirma- provocaría una gran inseguridad financiera al proyecto.
Alterra Partners asumió la administración del aeropuerto desde el 2001, con base en un contrato firmado durante la administración del expresidente Miguel Angel Rodríguez (1998-2002).
La empresa ha hecho tres intentos de modificar el contrato original alegando problemas financieros, pero todos han sido rechazados por la Contraloría General de la República.
Mientras tanto se mantiene virtualmente paralizada la ampliación del pequeño aeropuerto Juan Santamaría, ubicado 17 kms al norte de San José, por el que el año pasado ingresaron cerca de 1.500.000 turistas.
En medio del prolongado conflicto entre el gobierno y el gestor del aeropuerto, la terminal áerea se ha convertido en un verdadero «cuello de botella», lo que empresarios de la industria turística temen que pueda frenar la expansión de uno de los más lucrativos negocios del país.