Intervenir teléfonos, indagar cuentas bancarias, mayores plazos de prescripción legal son algunos de los instrumentos con que contarán las autoridades costarricenses para luchar contra el crimen organizado, tras la aprobación en primera instancia de una ley especial.
El Congreso aprobó este martes, en el primero de dos debates necesarios para su ratificación, un proyecto de ley que busca dotar a la Policía y a los jueces de mejores armas para enfrentar el narcotráfico, la trata de personas, el secuestro y el comercio ilegal de armas, entre otros delitos.
La iniciativa, que recibió el apoyo de 44 de los 45 diputados presentes en el plenario, recibirá la segunda y definitiva votación el jueves, según informaron fuentes legislativas.
La normativa también brinda nuevas herramientas judiciales como mayores plazos para la prescripción de los delitos y periodos de prisión preventiva más largos.
Además, se amplía hasta diez años el plazo legal para que las personas guarden los comprobantes que demuestren el origen de sus bienes.
La aprobación en primer debate de la denominada «Ley contra el crimen organizado» generó el aplauso de dirigentes políticos y autoridades judiciales, que han venido clamando por leyes más apropiadas para enfrentar la creciente ola delictiva en el país.
«El paso que hoy hemos dado es enorme en resguardo de la seguridad ciudadana. Que sepan los criminales y las mafias que en Costa Rica no tienen cabida ni espacio alguno. Que sepan que combatiremos ahora con más herramientas y fuerza todo su poder y organización», manifestó el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias.
Diputados de todos los partidos respaldaron el proyecto y aseguraron que será una arma de gran importancia para combatir el crimen organizado en Costa Rica.
«Aquí lo que le estamos dando son mayores instrumentos y más armas, desde el punto de vista judicial y jurídico, para que (la autoridades) puedan actuar de una manera más eficiente y para que pueda haber una mejor administración de la justicia», dijo la diputada independiente Evita Arguedas.
El subdirector de la policía de Investigación Judicial, Francisco Segura, celebró la decisión aunque aclaró que con ella «no va a desaparecer el crimen organizado, sino que se van a dar una serie de herramientas que se usarán en la guerra contra el hampa, lo que a mediano y largo plazo dará muy buenos resultados».