La Corte Suprema estadounidense examinará hoy la legalidad de la inyección mortal, en un debate que tiene lugar mientras la pena de muerte pierde fuerza en Estados Unidos.
La inyección letal, creada en 1977 sin una reflexión real, y utilizada en el 98% de las últimas 500 ejecuciones, consiste en la administración de tres productos: el primero duerme al condenado, el segundo paraliza sus músculos y el tercero detiene su corazón.
Si todo ocurre con normalidad, la persona pierde rápidamente el conocimiento y muere en pocos minutos. Pero si el primer producto es mal administrado, las dos inyecciones siguientes resultan extremadamente dolorosas, como manifestaron varios estudios científicos y una serie de ejecuciones fallidas.
En 2004, dos presos de Kentucky (centro-este) Ralph Blaze, condenado por el asesinato de dos policías, y Thomas Bowling, condenado por el asesinato de una pareja con cuyo coche chocó, afirmaron ante la justicia que este riesgo suponía un «castigo cruel e inhabitual» prohibido por la Constitución.
Los condenados perdieron en primera instancia y en la apelación, pero en otros estados, jueces confrontados a recursos similares dieron la razón a los condenados.
«En este caso no se trata de abolir la pena capital», explica Elisabeth Semel, profesora de derecho de la Universidad de Berkeley. «Tampoco se trata de garantizar la ausencia del dolor. Se trata de tomar medidas razonables para evitar terribles dolores», añade.
En Kentucky, el procedimiento no está en cuestión, puesto que el riesgo de sufrimiento existe únicamente en caso de error o de accidente. Pero para los condenados este procedimiento es tan complejo y el personal que debe administrarlo se encuentra tan poco formado, que la probabilidad de fallo alcanza niveles intolerables.
Para remediar esto, los condenados proponen establecer criterios estrictos para la aplicación de la triple inyección, que no podría realizarse sin la participación activa de médicos y anestesistas, algo a lo que se niegan las autoridades respectivas.
Una solución alternativa consistiría en inyectar una dosis única, aunque masiva, de barbitúricos. El proceso mortal sería más lento pero el condenado no sentiría nada.
El pronunciamiento de la Corte Suprema se espera para antes de julio. Mientras tanto, las salas de ejecución permanecen vacías debido a una moratoria impuesta a finales de septiembre cuando la máxima instancia judicial estadounidense anunció que intervendría en el debate. Antes de esta intervención, las ejecuciones ya estaban suspendidas en una decena de estados.
En 2007 el contador de ejecuciones se detuvo en 42, su nivel más bajo desde 1994. Y aunque la cifra aumente cuando se reinicien las ejecuciones, la tendencia permanece a la baja.
Tras llegar a un pico de 98 en 1999, las ejecuciones bajaron a 71 en 2003 y a 53 en 2006. Paralelamente, las condenas a pena de muerte que sumaron 317 en 1996 disminuyeron a 276 en 2000 y a 110 en 2007.
Las decenas de errores judiciales descubiertos a fines de 1990, principalmente gracias a las pruebas de ADN, parecen hacer dudar a los jurados, sobre todo porque la generalización de una cadena perpetua real les ofrece una alternativa.
Sin embargo, los sondeos muestran que dos tercios de los estadounidenses siguen a favor de la pena capital. Y quedan 3.200 detenidos en los corredores de la muerte de Estados Unidos.