El Diario Oficial hizo público hoy el Acuerdo 6-2009 que amplí­a la competencia de los juzgados de turno y Tribunal de Sentencia de la capital para conocer procesos de alto impacto ocurridos en todo el territorio nacional.

El acuerdo publicado contó con doce firmas a favor y una en contra por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y entra en vigencia hasta el 21 de junio próximo.

El acuerdo amplí­a la competencia del juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de turno de la capital, así­ como del Tribunal Primero de Sentencia y los faculta para conocer la fase procesal por hechos cometidos en el interior de la República y que «presenten mayor riesgo para la seguridad del personal judicial y los sujetos procesales», especifica.

Será el Fiscal General quien determinará cuáles serán los casos que las instancias arriba citadas conozcan. El acuerdo 6-2009 los casos se clasificarán en relación a los delitos siguientes: asesinato, ejecución extrajudicial, genocidio, plagio o secuestro, parricidio y femicidio, entre otros.

Sin embargo, el documento publicado no refiere en su redacción la logí­stica o acciones que el Organismo Judicial asumirá para brindar seguridad a los juzgadores que conozcan ese tipo de procesos considerados de alto impacto.

SEGURIDAD

Luis Fernández Molina, magistrado de la CSJ, explicó que con el citado acuerdo «no se modifican competencias en un sentido general, sino se da competencia a nivel nacional a juzgados de turno y tribunal Primero de la capital», indicó.

Fernández reconoció que el acuerdo sólo hace referencia a la escasa seguridad que los jueces departamentales tienen para conocer ese tipo de procesos, y que «no menciona nada» referente a la seguridad de los jueces capitalinos que tengan a la vista los casos de alto impacto.

Mario Mérida, analista en temas de seguridad y Justicia, opinó que la ampliación de la competencia es determinante «pero indudablemente es mayor la preocupación por lo que se refiere a seguridad de los jueces», opinó.

Para Mérida, en la medida que vulnere la seguridad, no sólo de los jueces sino de todas las partes, van a ser objeto de amenaza y van a excusarse de conocer casos cuya aplicación de la justicia es urgente.

El analista opinó que el hecho que el acuerdo no mencione nada sobre la seguridad a los operadores de justicia, sí­ muestra una debilidad dentro del OJ, por lo que sugirió crear un cuerpo colegiado para seguridad de los jueces «y no improvisar con gente con escasos niveles de entrenamiento para seguridad», indicó.