Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte Suprema de Justicia argentina, negó hoy que haya pactado con el gobierno el fallo que declaró la constitucionalidad de una ley de medios que es rechazada en parte por el Grupo Clarín.
Lorenzetti rechazó la acusación de la diputada opositora Elisa Carrió acerca de que el magistrado supuestamente pactó con el gobierno para fallar la víspera a favor de una ley de 2009 que obliga al multimedios a desprenderse de licencias de señales de radio, televisión abierta, cable y contenidos propios en las que está excedido.
Carrió había dicho que la sentencia, que era esperada con gran expectativa, «es el producto del cumplimiento de un pacto espurio a cambio de la caja (manejo del presupuesto del poder judicial) por la Corte», celebrado cuando se trataba en abril en el Congreso la reforma judicial impulsada por el oficialismo. Sus declaraciones fueron cuestionadas por otros miembros de la oposición que señalaron que los miembros del alto tribunal son personas «honorables».
«No manejamos la caja ni tenemos interés en manejarla», se defendió Lorenzetti en declaraciones a Radio Continental. «Ofrezco a cualquiera que venga acá y revise lo que quiera».
«Hemos propuesto que haya un organismo profesional dentro del Consejo (de la Magistratura, que selecciona y remueve a los jueces) que sea ejecutivo y tome todas esas decisiones. La Corte tiene sus fondos, el consejo tiene los tuyos; el grueso de la administración en materia edilicia, de computación, lo hace el consejo y nosotros hemos ayudado mucho para que las cosas se hagan…pero no estamos manejando la caja ni sabemos cómo se hace», insistió el magistrado.
Clarín anunció que analiza recurrir ante tribunales internacionales el fallo que declaró constitucionales cuatro artículos que son rechazados por el multimedios por considerar que atentan contra su sustentabilidad económica y libertad de expresión. Dos de los artículos fueron avalados por el tribunal por seis votos a uno y los otros dos por cuatro votos a tres.
Al subrayar que no negoció nada con el gobierno de Cristina Fernández, defensora a ultranza de la polémica ley, Lorenzetti recordó que el año pasado le acusaron de ser «amigo de (Héctor) Magnetto (director del Grupo Clarín) … Y ahora resulta que es al revés, porque acordamos no sé qué cosa. No sé cuándo pudimos haber acordado algo».
En tanto, el también juez de la corte Eugenio Zaffaroni dijo sobre la denuncia de Carrió que cualquier magistrado tiene que estar preparado «para estas cosas», en declaraciones a la televisión pública. «Si no está dispuesto a recibir ataques políticos, que no sea juez. Sabemos que en el juego político nos van a tirar un tomate, eso pasa. Es el costo de la profesión», señaló.
Por otro lado, Lorenzetti también advirtió que, pese al fallo dictado por la Corte, la puja por la ley de medios «no termina acá».
«El problema se genera luego con la aplicación (de la norma). Nosotros resolvemos fallos con respecto a las pruebas que hay en el expediente y hay muchas cuestiones que se discuten que se verán más adelante. Cada parte tiene derecho a hacer valer lo que considera que es su razón», explicó Lorenzetti.
El magistrado reconoció así lo que analistas han pronosticado acerca de que se esperan nuevas disputas judiciales vinculadas al proceso de adecuación del multimedios a la normativa. Clarín anunció que exigirá en las «instancias correspondientes y previo a cualquier otra medida» que la autoridad que supervisa la aplicación de la ley y el proceso de desinversión actúe con imparcialidad y solvencia técnica, tal como recomendó la propia Corte.
Martín Sabbatella, titular de la autoridad que regula el mercado audiovisual, ha señalado que todos los plazos de adecuación voluntaria del grupo Clarín a la cantidad de licencias establecida han vencido, por lo que se decidió «dar continuidad a los procesos de aplicación» que se habían suspendido en los tribunales. Ello implicaría eventualmente la tasación de las licencias y abrir un concurso público para transferirlas.