La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó hoy a escuchar los argumentos del gobierno argentino y los fondos «buitre», en un caso que ha despertado alto interés puesto que la decisión del máximo tribunal en Washington podría ser clave para que el país sudamericano evite entrar en un «default técnico».
La cuestión que los jueces supremos analizan hoy es específicamente si los acreedores pueden obligar a un país, en este caso Argentina, a hacer públicos sus activos financieros en una nación extranjera como Estados Unidos para saber si pueden ser embargados si así lo determina un juez, en lo que se ha dado en llamar el caso «Discovery».
En el trasfondo está la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera, una normativa que protege a gobiernos extranjeros de ser demandados en tribunales estadounidenses.
Según explicó a la emisora pública NPR el profesor de Derecho de la Universidad de Ohio Stven Davidoff, el peligro de hacer un rodeo a esta ley es que «si empezamos a implementar decisiones de jueces contra otros países, éstos podrían empezar a hacer lo mismo contra nosotros».
De ahí que el Estado norteamericano se haya personado en este caso como «amicus curiae» (amigo de la corte), argumentando precisamente que una decisión en contra de Argentina y a favor de los fondos buitre de la Corte Suprema iría en contra de la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera, con eventuales perjuicios en el futuro para intereses estadounidenses en el extranjero.
También México presentó el mes pasado otro «amicus curiae» en apoyo a Argentina frente a sus litigios con los fondos buitre, alegando que las decisiones de cortes menores estadounidense a favor de los litigantes y en contra de Argentina «podrían ir en contra de ciertos principios que rigen el derecho de inmunidad soberana».
Aunque no se espera un veredicto este lunes, los argumentos esgrimidos y la receptividad de los jueces de la Corte Suprema están considerados clave para el caso de fondos buitre en sí que tiene el máximo tribunal estadounidense.
Y es que de no decidir la Corte Suprema se consideraría en firme el fallo de una Corte de Apelaciones que a su vez ratificó el dictamen del juez de Nueva York Thomas Griesa. Éste había ordenado a Buenos Aires pagar de una vez los 1.330 millones de dólares que reclaman ante la Justicia de Estados Unidos los tenedores de bonos argentinos en moratoria y que no aceptaron la reestructuración de la deuda (los por Argentina llamados «fondos buitre»).
El argumento del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es que, de hacer caso a este fallo, luego no podría cumplir con los que sí ingresaron en los canjes de 2005 y 2010.
Según Buenos Aires, esto podría empujar al país a una cesación de pagos, tal como ocurrió en 2001, en una de las peores crisis que vivió en su historia.