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El juez Richard Leon aprobó una orden preliminar solicitada por activistas que buscaban poner un freno al programa de vigilancia de teléfonos mientras el caso es visto por la justicia.
 
El magistrado señaló que el reclamo de que el programa es inconstitucional tiene «una sustancial probabilidad de éxito».
 
De todas formas, es probable que el programa de espionaje continúe, ya que el mismo juez especuló con que su dictamen no entrará en vigor porque asume que el gobierno apelará el fallo debido a los «significativos intereses de seguridad nacional en juego en este caso».
 
   El programa de vigilancia cuestionado recopila metadatos de todas las llamadas estadounidenses, guardando informaciones tales como los números de teléfono marcados y por qué aparatos, de modo tal que los analistas de inteligencia puedan seguir las posibles conexiones entre sospechosos de terrorismo. El gobierno afirma que existen salvaguardias que protegen los derechos de la mayoría de los estadounidenses y que el programa no controla el contenido en sí de esas llamadas telefónicas.
 
   De acuerdo con el fallo del juez, el programa sí violó las expectativas de privacidad de aquellos que usaron los servicios telefónicos.
 
   «No puedo imaginar una invasión más indiscriminada y arbitraria que esta sistemática recopilación y retención de datos personales de alta tecnología realizada en prácticamente cada uno de los ciudadanos con el objetivo de ser analizados sin una aprobación judicial previa», escribió Leon en su dictamen.
 
   «Seguramente, un programa de este tipo viola ese ‘grado de privacidad’ consagrado en la cuarta enmienda» de la Constitución, razonó el juez, quien dijo albergar «pocas dudas» acerca de que los autores de la Constitución estadounidense se sentirían «horrorizados» ante el espionaje de la NSA.
 
   La revelación de este programa concreto fue la primera filtración realizada en junio por el ex contratista estadounidense devenido en informante Edward Snowden y provocó una amplia condena por parte de los defensores de las libertades civiles, así como de numerosos aliados de Estados Unidos.
 
   En una declaración remitida a «The New York Times», Snowden saludó hoy la decisión del juez Leon.
 
   «Actué bajo la convicción de que los programas de vigilancia masiva de la NSA no superarían un desafío constitucional y que la opinión pública estadounidense se merecía una oportunidad de ver estas cuestiones a través de los ojos de tribunales abiertos», dijo.
 
   «En el día de hoy, al ser expuesto, un programa secreto autorizado por una corte secreta fue declarado violatorio de los derechos de los estadounidenses. Será el primero de muchos», confió.
 
   La Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU), que ha presentado una demanda judicial similar contra el programa de la NSA, calificó el fallo del juez como una «decisión cuidadosamente razonada y fuertemente argumentada que acaba concluyendo, de forma absolutamente correcta, que no se puede armonizar el programa de la NSA con la Constitución».
 
   El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, eludió pronunciarse sobre el fallo argumentando que no lo había podido ver antes de comparecer en su rueda de prensa diaria.
 
   Lo que sí reiteró fue la demanda del gobierno de Barack Obama de que Snowden sea llevado ante la justicia en Estados Unidos por sus filtraciones, en un aparente rechazo a una eventual amnistía lanzada por un alto funcionario de inteligencia.
 
   El funcionario de la NSA Rick Ledgett, que dirige las investigaciones sobre las filtraciones, había indicado en una entrevista emitida el domingo por el programa «60 Minutes» de la cadena CBS que «merecería la pena tener una conversación» respecto de la posibilidad de un acuerdo con Snowden, quien está refugiado en Rusia y que ha declarado que sólo regresaría a Estados Unidos si se le concede una amnistía.
 
   La condición para ello, según dijo Ledgett, sería que Snowden pueda probar que el resto de los aproximadamente 1,7 millones de documentos que se llevó al abandonar la NSA están seguros y no van a ser hechos públicos como las miles de páginas ya filtradas.
 
   Pero Carney hizo hincapié hoy en que Ledgett habló exclusivamente a título personal.
 
   «Snowden ha sido acusado de filtrar información clasificada y afronta cargos en Estados Unidos. Debería ser entregado a Estados Unidos lo antes posible, donde recibirá un proceso justo y todas las protecciones en nuestro sistema», dijo Carney este lunes. «Esa es nuestra postura y no ha cambiado», insistió.
 
   Obama recibió el pasado viernes el informe de la comisión que nombró meses atrás para revisar las prácticas de espionaje de la NSA en vista de la gran indignación que provocaron en el mundo las filtraciones de Snowden, incluso entre importantes aliados de Washington.
 
   Según la Casa Blanca, Obama revisará en las próximas semanas el informe y anunciará cambios en las prácticas de la NSA en enero.