Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Canadá, que desde ahora exige realizar estudios de impacto ambiental integrales para la minerí­a a cielo abierto y se logre así­ el desarrollo sostenible, abre las posibilidades de exigirlo también en el paí­s.

Dicho fallo está siendo festejado en Guatemala. Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), indicó que la resolución de la autoridad judicial de aquel paí­s permitirá que la sociedad civil guatemalteca y las comunidades exijan a futuro el requisito cuando se establezcan empresas de capital canadiense en el paí­s.

Las comunidades podrán participar y exigir que se cumpla la sentencia y se exija con la ley de minerí­a de Guatemala para evitar que se presenten estudios de impacto ambiental fragmentados que hasta hoy evitaban medir los riesgos para el ambiente.

La ley de minerí­a de Canadá no era severa en cuanto a exigir estudios de impacto ambiental para el tema minero, pero luego del fallo el abogado Ecojustice Tessaro Lara dijo: «El Tribunal Supremo ha otorgado a los canadienses, de nuevo, voz y voto, y con ello, su capacidad para influir en el desarrollo industrial importante en todo el paí­s.

Similar a lo que ocurre en Guatemala, los grupos sociales canadienses están preocupados por la contaminación que arroja la actividad minera en los rí­os, el peligro para la vida silvestre y que los embalses son vertederos de desechos mineros tóxicos.

El consultor legal de CALAS dijo que tras el fallo en Canadá, en Guatemala van tras la aprobación de una nueva ley de minerí­a para que se norme la participación de las comunidades indí­genas y no indí­genas para la consulta para los proyectos mineros en las áreas de influencia.

También que se eleven las regalí­as al 10%, fortalecer los controles ambientales de las empresas mineras e imponer una fianza de cumplimiento y contemple cómo las compañí­as le harán frente a la devastación que causan con la explotación.

Es importante establecer lo último porque las empresas mineras cuando concluyen sus proyectos se retiran, declarándose en quiebra, y dejan el problema al Estado, tal como ha sucedido en Ecuador.

Mientras que con una fianza el Estado puede hacer frente a daños posteriores que indudablemente deja la actividad minera, enfatizó.

Este jueves los alcaldes de Huehuetenango se pronunciaron frente al Congreso de la República para rechazar el otorgamiento durante 2009 de áreas para la explotación de petróleo y oro en ese departamento.