Una corte en Arizona dio a la razón a los defensores de los migrantes que argumentaban que la política estatal de negarles licencias de conducir, incluso a aquellos que tuvieran permisos de trabajo y que no fueron deportados gracias a una política del gobierno federal, violaba su derecho a tener la misma protección de las leyes.
La Corte de Apelaciones del 9no Circuito aceptó el argumento de que la norma equivalía a un trato injusto por parte de la ley y que existía la probabilidad de que los jóvenes inmigrantes fuesen perjudicados si se les negaba ese derecho.
En junio de 2012, el gobierno del presidente Barack Obama decidió proteger a miles de inmigrantes de la deportación. Los beneficiados fueron aquellos que hubieran llegado a Estados Unidos antes de cumplir 16 años, tener en la actualidad menos de 30, haber estado en el país al menos cinco años seguidos, estar estudiando o haberse graduado de educación superior, o haber servido en el ejército. Además de no ser deportados también se les dio la oportunidad de solicitar un permiso de trabajo por dos años que puede renovarse.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, emitió en agosto de 2012 una orden para que las agencias estatales negaran las licencias de manejo y otras prestaciones públicas a los inmigrantes que se vieran beneficiados por la política implementada por el gobierno federal.
En mayo de 2013, el juez federal de distrito David Campbell rechazó el argumento de los defensores de los migrantes que la ley estatal era inconstitucional porque debe supeditarse a la ley federal.
Sin embargo, Campbell dijo que había posibilidades de que los defensores de los migrantes tuvieran éxito argumentando que el estado permitía a algunos inmigrantes con permisos de trabajo obtener licencias de manejo, pero no a aquellos beneficiados por la ley de Obama.
El estado revisó la política el año pasado diciendo que dejaría de emitir licencias a todos aquellos cuya deportación hubiese sido aplazada bajo el programa federal, no sólo a los jóvenes migrantes que buscaron acogerse a la política de Obama.
Los abogados del estado cuestionan los argumentos de inequidad.
Los defensores de los inmigrantes dicen que la revisión fue un claro intento por afectar su reclamo de tener derecho a la misma protección y agregaron que Arizona sigue dando licencias a algunas personas con estatus de deportación diferido, como algunos migrantes que son víctimas de violencia doméstica.