Si hubiera forma de cuantificar lo que se pierde por la corrupción en el sector público y compararlo con lo que se evade de impuestos, seguramente que veríamos dos cifras enormes que constituyen la explicación fundamental del atraso que hay en nuestro país y de las dificultades que por generaciones hemos tenido para salir adelante y propiciar políticas públicas que generen condiciones de desarrollo sostenible. No me cabe la menor duda que aún y siendo inmensa la cifra de la corrupción, termina siendo modesta en comparación con el monto de lo que se evade en impuestos.
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Sostengo que los grupos dominantes en el país no tienen ni han tenido nunca interés en combatir la corrupción no sólo porque si tienen oportunidad se benefician de las flaquezas del sistema, sino porque además es la excusa perfecta para no pagar impuestos y de esa cuenta resulta más cómodo para todos jugar con esas reglas que al final son beneficiosas para los que toman las decisiones en Guatemala, aunque sean tan perjudiciales para el resto de la población e hipotequen para siempre nuestro futuro.
Me lo confirmó fuera de toda duda lo que pasó luego de la forma en que se evidenció la corrupción durante el gobierno de Portillo y el FRG, puesto que no hubo habitante en este país que no se diera cuenta de las condiciones imperantes y de cómo el sistema alienta la picardía y la corrupción. Pero aún teniendo tan clara conciencia de las perversidades del sistema, no hubo una campaña nacional para cambiarlo e introducir mecanismos de transparencia. Lo que interesaba en ese momento era salir de Portillo y sus secuaces, pero no acabar con la corrupción porque, repito, la misma termina siendo extremadamente útil no sólo para los que hacen negocios con el gobierno de turno, que no siempre son los mismos, sino que también para justificar la histórica oposición al pago de impuestos sobre la tesis de que «todo se lo roban» los funcionarios, lo cual es cierto, indudablemente, pero no es culpa únicamente de los políticos, sino del resto de la sociedad que ha tolerado la sofisticación de un modelo administrativo que está hecho fundamentalmente para alentar y facilitar la corrupción con impunidad.
Si únicamente en materia de impuestos de importación se calcula que la evasión supera los seis mil millones de quetzales al año, seguramente que estamos hablando de más del monto de la corrupción que se tendría que tasar en, por lo menos, un diez por ciento del presupuesto de inversión del Estado. Pero agregando al contrabando todo lo demás que se evade por distintos medios, incluyendo lo que no es evasión sino robo descarado por la apropiación indebida de impuestos que ya pagaron los contribuyentes y que son recolectados por personas y empresas que no lo entregan a las cajas fiscales, como pasa con el IVA, veremos que se habla ya de cantidades que nos permitirían soñar realmente con un país distinto, en el que el Estado se encargara de asegurar sistemas de salud, educación y seguridad como para propiciar el desarrollo de todos los habitantes.
En resumen, estamos atrasados y jodidos por los corruptos y corruptores. Por los que roban descaradamente del erario y por los que, evadiendo, realizan otra clase de robo y corrupción.