“Convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los  pueblos;” “Considerando que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región,  por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio;” (Preámbulo. CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN.)

La corrupción, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (RAE), “es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar.”) En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende como corrupción política, al mal uso del poder público para obtener una ventaja personal ilegítima.

Lo que parece una pandemia mundial no es nada nuevo, la corrupción es un mal que viene de tiempos antiguos, hasta podría decirse que siempre ha acompañado a la Humanidad. Es, como me decían los abuelos “mal de muchos, consuelo de tontos”. Este proverbio popular, puede aplicarse a todos los actos de corrupción, pues éstos afectan al conjunto de la sociedad y favorecen a unos pocos. La corrupción es una conducta y comportamiento humano que afecta a la condición fundamental de subsistencia moral y ética de la sociedad. Por eso es que, en el debate de la corrupción siempre surge la contraparte que, en este caso es la ética.

Las definiciones clásicas de corrupción, se orientan hacia la actuación del sector público y la comisión de actos ilícitos en provecho personal, sirviendo intereses privados. Samuel Huntington (1968) señala: “La corrupción es una desviación de los funcionarios públicos, que se apartan de las normas establecidas para ponerse al servicio de los intereses privados”. Robert Klitgaard (1994) sostiene, “Existe corrupción cuando una persona, ilícitamente, pone sus intereses personales por sobre los de las personas y los ideales que está comprometido a servir”.

La corrupción también se considera ilegal e ilegítima, porque viola normas y valores, Joseph Nye la define como, “Una conducta que se aparta de los deberes formales de un cargo público en busca de beneficios pecuniarios o de posición (camarilla, personal, familiar, privada) que conciernen al interés privado; o que viola las normas que coartan ciertos tipos de conductas tendientes al interés privado”.

La corrupción en los cargos públicos, promueve sorpresivas fortunas privadas y genera un enriquecimiento ilícito. Por eso, debe ser definida no sólo como un problema de violación de normas (ilegalidad) sino fundamentalmente como un problema de violación de valores (ilegitimidad). La corrupción está presente tanto en el nivel público como en el privado; es corrupto el político que se apropia de los dineros públicos y también el empresario que no paga sus impuestos. Entonces, estamos ante un problema ético social que por sus dimensiones viola derechos humanos.

Cuando un funcionario público es corrupto, no sólo incurre en un ilícito penal, también viola derechos humanos, porque la apropiación de fondos públicos, impide  ejecutar programas y proyectos sociales a favor del bien común. En Guatemala, los  millones de quetzales que roban los funcionarios corruptos, evitan la inversión social para reducir la pobreza, construir hospitales, mejorar la cobertura educativa o brindar seguridad social a sectores sociales desprotegidos, además que retrae la inversión extranjera. Guatemala ratificó la Convención Interamericana contra la corrupción desde el 2001, sin embargo, los corruptos siguen haciendo de las suyas.