«La corrupción es percibida por los ciudadanos como el medio a través del cual políticos y funcionarios públicos se enriquecen mediante el cobro de comisiones o la aceptación de sobornos, a cambio de lo cual conceden favores, adquieren bienes y contratan obras o, simple y burdamente, roban los dineros del Estado y abusan de su patrimonio».
(Osvaldo Hurtado. Ecuador 1998.)
En Guatemala la historia política de al menos los últimos cincuenta años, está salpicada por constantes escándalos de corrupción descubiertos en la administración pública. Presidentes del país, ministros, diputados, diplomáticos, militares, políticos, empresarios y funcionarios públicos, han sido los principales responsables del saqueo hecho a los dineros del Estado, que son los del pueblo y que debieran ser destinados a la inversión social. Como en los cuentos infantiles, la historia se repite una y otra vez, tanto en gobiernos militares como en los civiles. Por eso el país es socialmente atrasado y la mayoría de la población vive en la pobreza y extrema pobreza. Se distingue por la desnutrición crónica infantil, falta de acceso a la educación, servicios de salud, altos índices de desempleo, bajos salarios, analfabetismo, discriminación, racismo, escasez de vivienda, femicidio, limpieza social, cultura de violencia, de terror y de silencio. Se distingue por ser el paraíso de la IMPUNIDAD, es decir, un país donde se burlan y manosean las leyes, donde poderes ocultos y paralelos promueven la ingobernabilidad y detienen la aplicación de la justicia, donde la corrupción como conducta de funcionarios públicos sigue corroyendo los cimientos de la sociedad. Donde al contrario de la justicia, la corrupción es pronta y cumplida.
Los descarados actos corruptos cometidos durante la actual administración han dejado atónito a todo el mundo. Esos hechos desprestigian a las instituciones y aumentan la desconfianza de la población en los políticos y funcionarios públicos. Por ahora, el Congreso Nacional encabeza el mayor desprestigio después de que se supo que los 82 millones de quetzales jineteados a favor de una empresa financiera son irrecuperables. Actos de corrupción también se han conocido en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el Ejército y en otras instituciones y organismos del Estado, sin que la ley haya sido aplicada. Mientras los responsables gozan de total impunidad, andan libres, tranquilos y con privilegios como algunos diputados, políticos y empresarios. Otros han pasado a la categoría de prófugos, continúan burlando la justicia y disfrutando del dinero mal habido. Todo esto sigue ocurriendo a la vista de todos, nadie hace nada y seguimos viendo pasar el cortejo de la Patria con paciencia franciscana.
Toda democracia está sustentada en la observancia y el respeto al Estado de Derecho que es una condición sine quanon para el cumplimiento de las leyes y la aplicación de la justicia; sin estas herramientas no es posible alcanzar el bien común, o sea que mientras se burlan las leyes, se jineteen los fondos públicos, se mantenga la impunidad y continuemos soportando élites políticas, diputados o agentes públicos corruptos, la construcción de la democracia y el bienestar social en el país son inalcanzables.
En Guatemala prevalece un sistema de corrupción, una cultura del aprovechamiento personal. Hay que destacar que ante tal estado de cosas, está emergiendo una mayor conciencia social y creciendo el rechazo ciudadano en contra de esas prácticas, criterios y conductas. Por ahora, el robo de los 82 millones de quetzales del Congreso es motivo suficiente para exigir una depuración en ese organismo del Estado. Es una oportunidad para sacar a esos diputados inmorales, deshonestos y sinvergí¼enzas.
P.S. A Bélgica enviamos nuestro amor a Nour, amada nieta que hoy cumple cinco años de vida.