Pasados 90 días de haberse instalado la Junta Liquidadora, del Fondo Nacional Para la Paz, aun no salen a flote denuncias de corrupción, a pesar de que este fuera el principal argumento del presidente Otto Pérez Molina para el cierre de dicha institución.

El 25 de enero la vicepresidenta Roxana Baldetti entrego a la Junta Liquidadora 176 denuncias por hechos de corrupción para darles seguimiento en el Ministerio Público (MP), incluyendo  11 acciones de amparo, 16 demandas laborales y 64 providencias ante la Procuraduría General de la Nación (PGN) por juicios económicos.

Sin embargo, hasta ahora la Junta Liquidadora no ha presentado ninguna denuncia de actos de corrupción dentro de Fonapaz.

En esa ocasión Baldetti declaró: “Yo les he pedido que revisen todo, que busquen a los responsables –si es que hay responsables de corrupción en Fonapaz– y que se pueden amparar en estas 176 denuncias, donde van a encontrar a los verdaderos responsables del deterioro de esta institución”.

Además, indicó que “son ellos los que tendrán que decir con el tiempo qué fue lo que encontraron y sobre todo la responsabilidad de perseguir a los responsables de la corrupción en la entidad”, sin embargo, esto a 90 días no ha sucedido. 

LIQUIDAR
Rony Abiú Chalí, administrador-liquidador para Fonapaz, argumenta que a la Comisión de Liquidación le corresponde “liquidar” para determinar los procedimientos administrativos en el proceso de cierre de la institución.

En cuanto a la corrupción, se pidió el acompañamiento de la Contraloría General de Cuentas (CGC), para que al momento de encontrar anomalías inmediatamente sean de conocimiento de la institución fiscalizadora, explicó.

Según Chalí, al momento de identificar anomalías, la CGC debe encargarse de interponer las denuncias, considerando la función específica de este ente fiscalizador.

SIN DENUNCIAS
El administrador de  la comisión de liquidación indica que el trabajo que durante el tiempo trascurrido lo que ha realizado es verificar como se encuentra la institución para implementar el proceso de liquidación “porque no es sencillo”, se ha trabajado en el plan de trabajo, manuales internos y procurar el gerenciamiento de la unidad ejecutora.

Ante la falta de denuncia se le cuestionó a Chalí quien señalo que “no se ha entrado a profundidad a observar este tema”. Esto a pesar de que ya han trascurrido 90 días desde la integración de la Junta Liquidadora.

“Lo que se ha hecho es la planificación y tener todas las herramientas posibles para la liquidación”, dijo el entrevistado, pero aseguró que el proceso de verificación de las ilegalidades y anomalías  se iniciaría a partir de mayo, cuando se utilizará toda la metodología y herramientas en las que se han trabajado.