Con enormes bombos y platillos, para justificar el acuerdo para aprobar los préstamos, el Congreso ayer nos regaló una nueva ley que, según la propaganda, es de transparencia y tiene la finalidad de contribuir a eliminar el problema de la corrupción en el país. Dos cosas hay que señalar de entrada: la iniciativa original fue elaborada por funcionarios del Ejecutivo que participan en la imparable danza de enriquecimiento y fue aprobada por un Congreso en donde se sabe que corrió dinero para asegurar la aprobación de los préstamos que le urgen al Gobierno.

Basta y sobra ese punto de partida para entender que no estamos realmente hablando de nada significativo para transparentar la gestión de nuestros políticos, sino simplemente una nueva forma para taparle el ojo al macho. Tan cuidadosos fueron los diputados que en el asunto de los fideicomisos, el manto más oscuro para encubrir toda forma de corrupción, decidieron eliminar cualquier mención del tema porque, al fin y al cabo, se trata de darnos atol con el dedo y no de enderezar nada porque, entonces, qué sentido tendría estar participando en política y sufrir el desgaste y el desprestigio que acarrea esa actividad si no hubiera chance de llenarse los bolsillos para “recuperar la inversión”.
 
 No hay que recordar, siquiera, que vivimos en un  país donde las normas se hacen para violarlas y jamás para ser cumplidas. Si no que lo digan los motoristas que tranquilamente se pueden seguir metiendo entre los carros zigzagueando a placer y antojo porque no hay autoridad que quiera poner orden. Es más, si usted se topa en la calle con un motorista de la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala, verá que son los primeros que andan entre los carros sin respetar los carriles.
 
 Si eso pasa con una pinche disposición sobre el tránsito, ¿hay acaso algún ingenuo que suponga que si existe alguna ley que trate de promover transparencia va a ser cumplida y observada rigurosamente? El análisis detenido de las normas aprobadas permitirá demostrar que no hay tal compromiso. Lo mismo puede decirse de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Vea el lector que todos los cambios propuestos son para beneficio de los partidos y para asegurar el monopolio que los dirigentes tienen en la toma de decisiones de las organizaciones. No hay ningún punto en la reforma aprobada en primera lectura que apuntale una verdadera democracia y que le ponga fin al secuestro que de nuestro sistema político hacen los financistas que al final de cuentas son los dueños de la situación.
 
 Lo que pasa es que hubo acuerdo para aprobar los préstamos y el mismo fue debidamente aceitado con dinero en efectivo. Pero como un Congreso que no ha hecho nada en un año no podía dar el paso de mostrarse tan corrupto como para salir aprobando nada más los préstamos por los que se pagó por cada voto, dispusieron montar el tablado para hacerle creer al pueblo ingenuo que lo más importante, lo fundamental, lo que permitió el acuerdo, es su enorme interés por la transparencia en el país. Y sólo habiendo aprobado esa octava maravilla del mundo, una ley que pondrá freno a la avaricia y ambición de los políticos, nuestros diputados aceptarán aprobar los préstamos advirtiendo que con la ley aprobada esos fondos serán usados honestamente.
 
 Ya faltan exactamente dos meses para la Navidad y únicamente aquellos que creen en Santa Claus se van a tragar la patraña que montaron para disfrazar la compraventa de votos que hubo y que culminará con el objetivo final: la aprobación de los préstamos que tanto le urgen al Ejecutivo para saldar algunas cuentas pendientes.