El ingreso y uso de teléfonos celulares en las cárceles –así como de drogas y otros objetos– es tan evidente que ya ni siquiera es un “secreto a voces”, sino una realidad irrefutable que muestra una faceta más de la corrupción existente en el Sistema Penitenciario (SP).

La corrupción y anarquía en el Sistema Penitenciario alcanza niveles preocupantes

La captura de Lima el fin de semana se suma a escándalos como el tema del ingreso de celulares que hoy se evidencia de forma clara

 Un análisis realizado por el Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Gobernación (Mingob) identifica uno de los casos más recientes y significativos de este problema: en un promedio de 13 días se emitieron más de mil llamadas de un solo celular, desde el Centro de Detención Preventiva de la zona 18.

El análisis refiere que del número 430322XX –se reservan los últimos dos dígitos por las investigaciones– perteneciente a un privado de libertad detenido en el Preventivo de la zona 18, se emitieron 1 mil 60 llamadas en tan solo 13 días.  Los informes destacan que las comunicaciones desde ese móvil iniciaron el 26 de abril de 2012 y concluyeron el 8 de mayo del mismo año.

De acuerdo con los informes, el detenido no tuvo ninguna reserva para realizar esa importante cantidad de llamadas telefónicas desde su móvil y se evidenció que en un solo día –el 27 de abril– habría establecido contacto con los cómplices de sus crímenes –que operan fuera de prisión– y con sus víctimas. Un desplegado telefónico detalla que de las 13:17 a las 19:47  horas realizó 33 llamadas.

Las autoridades siguieron la pista del número telefónico y los registros de llamadas, con lo que identificaron que estuvo involucrado en la planificación de crímenes y extorsiones en las zonas más violentas del país.

Derivado de los hechos de inseguridad que ocurrían en la calle, los encargados de las investigaciones siguieron el rastro de dicho número telefónico y establecieron que el celular estuvo en la cárcel de la zona 18.

En la fecha de ese análisis se suponía que el Sistema Penitenciario (SP) trabajaba en un plan piloto con las empresas de telefonía móvil, que supuestamente colaboraron con el Gobierno para contrarrestar los hechos delictivos que se planificaban desde las cárceles y se ejecutaban en las calles,  como parte de una medida alterna mientras seguía su curso la demanda contra la empresa que falló con el sistema de bloqueadores de señal para las cárceles.

Las informaciones refieren que los casos individualizados de este análisis ya se dilucidan en un juzgado, mientras que otros siguen en proceso de investigación.

Pero este no es el único caso; las pesquisas detallan, a través de los métodos especiales de investigación, que se ha logrado establecer que los crímenes en contra de guardias de Presidios y de los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) ocurridos durante este año se planificaron desde la cárcel El Boquerón, donde proliferan celulares simples y sofisticados.

DEMANDA ESTANCADA
En septiembre del año pasado, La Hora publicó el reportaje “Criminales han ganado y siguen ganando el pulso al gobierno”, que expone la permisividad y la corrupción en los centros carcelarios.

En aquella ocasión, el director de Presidios, Luis González –destituido del cargo el pasado viernes– concedió una entrevista a este vespertino, que le consultó sobre los avances de la demanda incoada contra la empresa que prestó los servicios deficientes para el bloqueo de la señal celular en las cárceles; en esa ocasión, el funcionario dijo que estaba por conformarse una comisión especial para continuar con el proceso y evitar que más llamadas se realicen desde las prisiones.

“Ahorita está en una situación donde se quedó de conformar una comisión para evaluar la situación de los bloqueadores y esa situación, lógico, está conformada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Contraloría General de Cuentas (CGC), el Ministerio Público (MP), el SP y creo que también están representantes de las empresas telefónicas y de Alta Comunicación; estamos pendientes de que se establezca esa comisión para la evaluación y, lógico, el MP está llevando sus investigaciones”, refirió González en aquella ocasión.

Según el entrevistado, esa comisión se conformó entre diciembre de 2011 y enero de 2012, mientras tanto esperaban que el MP dilucidara la situación.

“Si no estoy mal, el problema ha sido que todavía los representantes de las empresas telefónicas no han sido nombrados. Es lo que haría falta para confirmar esa comisión y a nosotros nos interesa que se dilucide, pero mientras tanto nosotros no podemos presionar, sino dejar que los entes jurisdiccionales se encarguen del proceso”, dijo el entonces director del SP.

La semana pasada se le cuestionó a González nuevamente sobre si dicha comisión ya estaba integrada, pero respondió que no. “Aún estamos esperando que se conforme la comisión. A nosotros nos urge como Sistema Penitenciario y Ministerio de Gobernación (Mingob). Nos urge que esto se dilucide, ver qué va a pasar y sacarle un provecho a eso, porque el Estado ya invirtió”, dijo.

NO HAY VOLUNTAD
Representantes de la sociedad civil consideran que los crímenes planificados desde la cárcel, a través de teléfonos móviles, se originan por la falta de voluntad de las autoridades del sistema carcelario. Mishell de Leal, de Madres Angustiadas, opina que para empezar ni siquiera deberían existir teléfonos celulares dentro las cárceles y por ende, no debería emitirse los llamados.

“No es posible que aquí sigamos años y años, que si no sirven los bloqueadores, que si no sirven las antenas; realmente no debería haber celulares en las cárceles y punto. Allí es la deficiencia absoluta de controles por falta de voluntad política, por falta de políticas, por corrupción. No deben haber celulares en las cárceles y hay que partir de ese principio”, puntualizó De Leal.

De acuerdo con la entrevistada, es preocupante que en cada requisa se localicen hasta 100 celulares y después de esa limpieza, aparezcan más aparatos en las subsiguientes requisas, lo que evidencia un sistema que permite el ingreso de los móviles a las cárceles y confirma la sospecha de que alguien con poder en el SP manipula los bloqueadores.

“Cada vez que hay una requisa encuentren 40, 50 o 100 celulares; no es posible lo que sucede; por otro lado en las cárceles se ha tratado el tema de que si las antenas bloqueadoras no han resultado, es porque se sospecha que desconectan el sistema de antenas por la corrupción misma que se maneja allí dentro”, indicó.

Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, coincide con De Leal en dos aspectos; sobre la falta de voluntad de las autoridades carcelarias para controlar la situación y sobre la necesidad de una ley que regule el uso de la telefonía, que también sigue en espera.

“En el SP corre la corrupción de todos lados; es un tráfico de corrupción entre reos, guardias y autoridades, eso es una situación, por eso es que no se logra conformar esta comisión. Por otro lado el negocio y la corrupción de las empresas telefónicas para que no se apruebe la ley de celulares”, dice Mack.

La profesional explicó que la falta de voluntad política es histórica y no es posible que nadie tome control de una situación tan grave, que cada día cobra nuevas víctimas.

“Voluntad política no hay porque lo que prima es la corrupción. El sistema de bloqueadores de señal lo vinimos discutiendo desde la época de Berger  y al día de hoy no puede ser que tres gobiernos no puedan implementar el sistema de bloqueadores”, dijo la excomisionada para la Reforma Policial.

¿QUIÉN CONTROLA LOS BLOQUEADORES?
El director del SP, explicó que son las empresas de telefonía las que controlan los bloqueadores de celulares en las prisiones y no es precisamente la institución carcelaria.

“Las telefónicas tienen el control de eso, solo ellos. Recuerde que eso es una antena para no distribuir señal. Ellas funcionan solas –las antenas– pero temporalmente solo se les va a dar su chequeada para que funcionen”, indicó.

La misma pregunta se le formuló a Ricardo Sagastume, representante de la Gremial de Operadores de Telefonía Móvil, quien admitió que hay puntos ciegos donde se pueden sacar llamadas en las zonas carcelarias.

“Son unas torres que bloquean la señal que salen del centro penitenciario, pero hay puntos ciegos que según hemos sabido, los presidiarios se ponen a buscar donde encuentran señal y allí se paran, porque hay lugares, hay puntos ciegos donde no todo es parejo”, indicó Sagastume.

El representante de las telefónicas fue consultado sobre si existe alguna propuesta por parte de las empresas para evitar que los celulares que se encuentran en las cárceles emitan llamadas, a lo que respondió que mientras el móvil no se reporte como robado, no se puede hacer otra cosa.

“Mientras el teléfono no sea reportado –como robado– usted puede hacer las llamadas que sean; el problema es que los presidiarios tienen acceso a teléfonos nuevos; por alguna razón alguien se los compra, los presos no deben tener celulares”, dijo.

En una visita reciente al Centro Preventivo de la zona 18 se realizaron varios intentos para realizar llamadas en ese perímetro.  Ese día se realizaba una requisa en el sector 11; en la parte baja, no se logró sacar ninguna llamadas, pero al intentarlo en la parte alta de ese lugar sí fue posible, aunque con cierto grado de dificultad, según constató La Hora.

Los entes de investigación que participaron en el decomiso de objetos ilícitos ese día dijeron que  cuando hay requisa no es posible efectuar llamadas, mientras que sí se puede en un día normal.  Se le consultó a diversas personas que laboran en las cercanías del Preventivo, así como algunos guardias del SP, que dijeron, “sí puede sacar llamadas, sólo tiene que buscar un buen lugar; es que hoy hay requisa”, indicaron.

¿QUIÉN LOS ENTRA?
Es evidente que alguna persona entra los celulares que luego son utilizados por los reos para diversos fines. Sean sus abogados defensores, sus visitantes o los mismos empleados del Sistema Penitenciario, algo está fallando que los mismos nunca son detectados en los diversos filtros que el SP dice establecer en cada centro carcelario.