La vida en comunidad implica necesariamente realizar esfuerzos individuales por el bienestar común y la tributación es el mejor ejemplo para esa premisa. Sin embargo, ese esquema de desarrollo se estropea cuando los impuestos de los ciudadanos se dirigen directamente a enriquecer a las autoridades y sus socios, y jamás llegan a los verdaderos necesitados de la asistencia social.

Por supuesto que la corrupción no es y no será jamás una excusa para evadir el pago de impuestos, pero sí es un elemento determinante para entender que un aumento de impuestos no garantizará mejores condiciones de desarrollo para la sociedad, aunque eventualmente sí puede significar un Ferrari en el garaje de un funcionario o una nueva casa de descanso para un contratista del Estado.

Cada año los presupuestos del Estado son más grandes y también los ingresos por recaudación y endeudamiento, pero eso no significa una mejora en la calidad de vida de las personas o más apoyo institucional para las familias que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Las escuelas siguen en condiciones deplorables, los desayunos escolares son inexistentes, los hospitales carecen del equipo y los insumos básicos para atender a la población, cada vez llegan menos “bolsas seguras” a las familias pobres y los “bonos seguros” son solo una ilusión para muchas familias. Y todo eso sucede  pese a que cada año se cuenta con presupuestos cada vez más altos.

Eso hace pensar que a la par de la meta de recaudación, debería existir una seria preocupación por combatir la corrupción, principalmente en el Estado. Se necesitan metas claras en materia de transparencia y calidad de gasto que nos ayuden a entender que la captación tributaria puede ser útil solo si la ejecución es eficiente.

Una de esas metas debe ser el combate de la corrupción en casos de corrupción, una tarea pendiente para las autoridades del Ministerio Público, pero también para los organismos e instituciones del Estado que deberían colaborar con información y evidencias para iniciar las investigaciones.

De nada sirve escuchar una y otra vez de la Comisión  Presidencial por la Transparencia que la corrupción deja pérdidas de miles de millones de quetzales, si esa institución no toma cartas en el asunto y colabora eficazmente para procesar a los funcionarios corruptos y a sus socios, quienes hábilmente se esfuerzan para no dejar huellas de sus delitos.

El esfuerzo también debe estar acompañado de la sociedad civil, que debe dejar de lado la indiferencia y la tolerancia ante las mala prácticas relacionadas con la ejecución  de los recursos públicos, y debe entender que las pérdidas del Estado significan pérdidas para todos.

La elección de Fiscal General y jefe del Ministerio Público supone un punto de inflexión en el combate de la corrupción y por eso se esperaría que los aspirantes que integren la nómina de seis candidatos tengan claro este tema.

Se trata de un compromiso con la justicia y con Guatemala.