Son muchas las cosas que en Guatemala debiéramos transformar, pero la lógica se impone y nos obliga a plantear prioridades tomando en cuenta las cuestiones en las que se puede lograr el más amplio acuerdo nacional para lograr objetivos concretos. En ese contexto pienso que los temas de la impunidad y la corrupción pueden ser un común denominador, porque la inmensa mayoría de la población siente los efectos perniciosos de tan graves vicios sociales que están destruyendo no sólo la vida, sino la institucionalidad misma, porque es un hecho que el sistema en Guatemala parece diseñado para que todos los gobiernos se corrompan a lo grande sin que pueda existir siquiera el aliciente de una sanción para los sinvergí¼enzas.
ocmarroq@lahora.com.gt
Siempre dije que cuando se sensibilizó mucho a la población por las denuncias formuladas contra los actos corruptos del gobierno de Portillo, era el momento de presionar para forzar a un cambio de sistema en el que se pudieran crear mecanismos de transparencia y fiscalización efectivos para contener la voracidad de nuestros políticos y de los empresarios que saben sacar provecho de las debilidades de un sistema que les abre las arcas de par en par. Sin embargo, fue evidente que la agenda de quienes mostraron interés por el caso Portillo no era en el fondo combatir la corrupción, sino que simplemente atacar a ese presidente con la clara idea de enviar un mensaje a los populistas del futuro. La prueba es que la corrupción no cesó ni disminuyó después de Portillo sino que, en todo caso, se sofisticó y se incrementó porque no bastaron los gavetazos que de todos modos se siguieron dando al erario por la vía de los gastos militares secretos, sino que además continuó la piñatización del sector público.
Hoy en día tenemos casos como el del Registro Nacional de Población, vital para la pureza del sistema democrático y peligrosísimo en manos de personas vinculadas al crimen organizado, que es una muestra clara de que la voracidad no tiene límites y que hay grupos que saben dónde poner sus intereses, porque se trata de negocios jugosos en términos de contratos, pero más por lo que se puede hacer a la sombra de las concesiones que se van logrando en áreas verdaderamente estratégicas desde el punto de vista de la seguridad nacional y de la política.
En el marco de la impunidad que se vive en el país, cualquier grupo corrupto puede moverse a su sabor y antojo con la seguridad de que no hay mecanismos de fiscalización dignos de tal nombre y capaces de poner orden en una administración pública totalmente anarquizada y deteriorada.
Los otros que se han beneficiado del relajo y de la impunidad son los grandes evasores de impuestos, pero tienen que reflexionar para entender que a la larga el costo es muchísimo más grande que el beneficio, porque si bien se pueden librar del pago puntual de sus obligaciones fiscales, están en verdad dejando el país en manos de grupos tenebrosos que tarde o temprano les pasarán una enorme factura, porque su voracidad no tiene límite y su capacidad de maniobra se incrementa con cada uno de los grandes negocios que realizan.
Por todo ello es que pienso que la prioridad como Nación es hacer que el pueblo se involucre en una lucha frontal y decidida contra la corrupción y la impunidad que la alienta y protege.