El trasfondo de la elección de nuevo Fiscal General, y de la decisión de la Corte de Constitucionalidad recortando el período de la doctora Paz y Paz, es el tema puntual de la impunidad que es parte de la forma de vida en nuestra sociedad. Desde siempre, tenemos un régimen de privilegios que hace que el peso de la ley sea sumamente selectivo y el fenómeno se agudizó durante nuestro conflicto armado porque el Estado diseñó un modelo para evitar la persecución penal de quienes libraban la guerra en defensa del sistema político y económico que se veía amenazado por la subversión.

Firmada la paz, el sistema siguió funcionando, pero cambiaron los usufructuarios del beneficio. Al no haber conflicto, fueron los poderes ocultos y el crimen organizado quienes se sirvieron con la cuchara grande para asegurar que el régimen de impunidad les garantizara su operación sin sobresaltos y buena parte de la institucionalidad de la justicia se prestó al juego. No fueron únicamente los fiscales, sino los tribunales de justicia y hasta la policía a cargo de las investigaciones eran parte de la estructura de la impunidad que alcanzó tal nivel que generó preocupación en ciertos sectores de la sociedad y en la comunidad internacional que se decidió a participar en la creación de la CICIG como un experimento para terminar con el añejo y ancestral modelo de privilegios para unos con perjuicio para todos.
 
 La presencia de la CICIG en Guatemala ha tenido varios efectos, pero acaso el más contundente de todos es haber provocado el cierre de filas entre todos los que han sido beneficiados por las distintas formas de la impunidad en el país que, amenazados por la evidencia de que sí es posible realizar investigaciones y avances en la aplicación de la justicia, quieren rescatar su reducto para resguardar la ventaja de estar más allá del brazo de la justicia. Y por ello el tema del Ministerio Público y la Fiscalía General se vuelve decisivo en este momento.
 
 Pero la impunidad tiene un vínculo estrechísimo, de vital subsistencia, con la corrupción y por ello es que a mi juicio poco se gana aún con enormes avances en el desmantelamiento de bandas de ladrones, secuestradores o sicarios y el castigo a sus integrantes, si no se camina firme en la lucha contra la corrupción. Mientras haya impunidad habrá corrupción, pero también mientras exista corrupción habrá impunidad. Así de sencilla es la ecuación porque una cosa está amarrada con la otra.
 
 La viabilidad del Estado guatemalteco, cuya condición de fallido fue enfáticamente negada por el último Embajador de Estados Unidos sin explicar sus argumentos, depende de la vigencia del Estado de Derecho y del imperio de la ley. Y el Ministerio Público es piedra angular de esa estructura por lo que la decisión que se tiene que tomar es fundamental para hacer funcional al Estado.
 
 Hasta hoy nadie le ha puesto el cascabel al gato, aceptando que sin enfrentar frontalmente a la corrupción no se puede acabar la impunidad. Tal vez porque para llegar al puesto hay que transar y garantizar precisamente impunidad por sus negocios a los que nombran, pero el caso es que del tema… ni hablar.