Desafortunadamente la polí­tica se ha prostituido de tal manera que no se le ve salida a la crisis, puesto que cualquier cambio positivo para el paí­s tendrí­a que pasar por el mismo Congreso de la República donde no hay esperanzas de que se puedan adoptar decisiones sobre la base del interés nacional si éste entra en controversia con el interés particular de los señores diputados que han dado abundantes muestras de su real vocación.

Empezando por la necesidad de reformar la legislación relacionada con el financiamiento de las campañas electorales para eliminar el tráfico de influencias que condiciona a los candidatos de tal manera que todos los que ganan una elección, en las distintas instancias del poder, llegan totalmente amarrados y comprometidos para pagar las facturas que les pasan sus financistas. Cambiar eso demandarí­a una visión patriótica y decisión heroica de los diputados que debieran ponerle fin a un perverso sistema que prostituye desde su mismo origen el mandato que da lugar al ejercicio del poder. Pero si los mismos diputados tienen que depender de sus mecenas que luego les obligan a asegurarles contratos, es imposible esperar que en el Congreso pueda avanzar una legislación que pretenda corregir ese vicio.

No digamos hablar de las necesarias leyes contra la corrupción y a favor de una verdadera transparencia, porque nadie le pondrá el cascabel a un gato que les resulta altamente lucrativo. Para qué modificar un sistema que les asegura que además del jugoso sueldo tendrán la oportunidad de cobrar comisiones jugosas por esa función de gestores de obra que gracias a la manga ancha con que el gobierno maneja su relación con los diputados se ha consolidado como el papel más importante de los diputados distritales.

En la actual legislatura, donde hay tan evidentes y marcados intereses polí­ticos, no se puede esperar que se produzca ninguna iniciativa saludable para el paí­s porque todo gira alrededor de la conformación de alianzas que tienen ya la mira puesta en las elecciones a realizarse dentro de dos años y, en ese contexto, todo se vuelve negociable y los precios de los votos si acaso se encarecen, pero siempre estará dispuestos para el mejor postor que, por supuesto, será eternamente el gobierno que tiene acceso a todos los recursos públicos.

La esperanza del paí­s tendrí­a que estar cifrada en la posibilidad de cambios estructurales serios que devolvieran al Estado no sólo el papel que le corresponde, sino la fortaleza institucional para cumplir con sus fines. En cambio, un Estado frágil, permanentemente al borde del colapso y de caer en condición de fallido, paradójicamente sirve a la perfección a los fines más perversos de la polí­tica y eso es lo que nos aseguran para muchos años nuestros actuales dirigentes.