Contra la opinión de muchas personas que se inclinan por perseguir, capturar y ejecutar al margen del debido proceso a los mareros, y desde esa sesgada posición señalan frecuentemente al Procurador de los Derechos Humanos de proteger a los delincuentes, simplemente porque se opone a decisiones arbitrarias, yo he sostenido que el abogado Sergio Morales no se ha convertido en defensor de criminales, sino que cumple con las funciones inherentes a su cargo, en el sentido de que se respeten los derechos fundamentales de cualquier guatemalteco.
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Sin embargo, pareciera ser que la imagen institucional del PDH se ha ido corroyendo desde hace varios meses, quizá desde que decidió ser reelegido, con la abierta oposición de diferentes organizaciones sociales y de activistas que luchan por el respeto a los derechos humanos y que otrora eran sus principales aliados.
Durante las recientes semanas se han publicado varios señalamientos contra Morales Alvarado, comenzando con la información referente a supuestos elevados gastos en viajes del Procurador a diversos países; luego, las consecuencias legales del secuestro y casi inmediata liberación de la esposa o ex esposa del Procurador, en vista de que algunos suspicaces  pusieron en duda la veracidad del hecho criminal, y porque la PDH realizó las investigaciones del caso, que, de acuerdo con la CICIG, no era el procedimiento apropiado, porque esa labor le corresponde al Ministerio Público.
La abogada Gladys Monterroso, por su parte, pidió que la CICIG no se convirtiera en querellante adhesiva en el asunto de su secuestro, lo que vino a embrollar más el problema, aunque posteriormente rectificó, y, mientras tanto, uno de los funcionarios subalternos del doctor Morales que dirige la investigación en el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), Gustavo Meoño, denunció que el Procurador había nombrado a 15 personas en plazas fantasmas, incluyendo familiares suyos, además de haber intentado designar a un su hermano que es médico para un cargo en ese ente y de haber evitado el libre acceso a esos documentos, los cuales habría mutilado, supuestamente para no revelar nombres de jefes policíacos o de otra categoría que estuvieron implicados en las desapariciones forzosas durante la guerra interna.
Esas y otras acciones han ido en menoscabo del titular de la PDH, pero probablemente lo que le afectó más directamente fue un desplegado de prensa del martes 30 (elPeriódico) que firman decenas de asociaciones, colectivos, centros de investigación, movimientos y activistas vinculados con la defensa de los derechos humanos y por el esclarecimiento de la verdad histórica, por medio del cual pedían al presidente ílvaro Colom que garantice la tutela de los documentos mencionados, mediante su traslado al Archivo General de Centroamérica, solicitud a la que el mandatario accedió el mismo día; así como reclamaban la publicación del «informe original, sin censura, que le fue entregado al Procurador de los Derechos Humanos», argumentando que «ningún funcionario y autoridad debe limitar ese acceso, mucho menos decidir, en forma discrecional, a quién y cuál información otorgar».
Las alusiones parecen obvias, pero si efectivamente tuvieran dedicatoria al PDH, se ahondan las diferencias entre Morales y muchas organizaciones sociales, religiosas y de derechos humanos, como no había ocurrido en el pasado reciente.
 (El activista Romualdo Tishudo le dice a un su amigo: -El divorcio ocurre cuando tu media naranja ya está exprimida).