Un viejo pleito legal le permitió al presidente de Ecuador, Rafael Correa, asumir esta semana el control de tres televisoras, pero su mala relación con la prensa y la coyuntura electoral rodearon de suspicacias una medida que también es difícil de digerir en el exterior.
Correa empezó a ajustar cuentas con los ex banqueros prófugos en Estados Unidos y acusados de una millonaria quiebra en 1998, cuando restan seis semanas para el referendo constitucional que podría allanar el camino hacia su reelección.
El gobierno, a través de la Agencia de Garantía de Depósitos, incautó cerca de 200 bienes a la familia Isaías, ex propietaria de Filanbanco cuyas pérdidas fueron calculadas en 661 millones de dólares.
Las autoridades acusaron a los hermanos Roberto y William Isaías -requeridos en extradición- de haber despilfarrado el dinero que recibieron del Estado para responder a los depositantes, y resolvieron despojarlos de sus activos para resarcir a los afectados.
Hasta ahí la historia parece ser política y jurídicamente correcta, pero entre los bienes incautados están tres canales de televisión considerados de línea crítica con Correa, a su vez un mordaz crítico de la prensa, a la que mortifica llamándola «ignorante, mediocre y corrupta».
La Policía ocupó las televisoras en la madrugada del martes, los empleados lloraron y exhibieron carteles con un «S.O.S por la libertad de expresión», pero la señal nunca salió del aire. Sin embargo, los espacios informativos no siempre fueron transmitidos.
Y por una aparente coincidencia las autoridades clausuraron esta semana Radio Sucre alegando la no renovación de la frecuencia mientras revisan las concesiones de otros 354 medios (entre televisoras, radios y operadoras de cable).
Las medidas irritan a los periódicos y adversarios del gobierno, que recordaron su mala relación con Correa para advertir que detrás del decomiso de los canales estaba el interés de amordazar a la prensa antes de la consulta sobre la nueva Constitución.
Desde afuera también llegaron las voces que alertaron sobre los riesgos para la libertad de prensa en Ecuador.
Reporteros Sin Fronteros, la Asociación Internacional de Radiodifusión y la Sociedad Interamericana de Prensa expresaron su preocupación por el manejo político de una medida cuestionada también legalmente por la defensa de los ex banqueros.
Correa reaccionó juzgando como una «tontería» esos temores. «Â¡Ahora resulta que incautar bienes a banqueros que quebraron al país, pero ellos siguieron prósperos, es atentar a la libertad de expresión!», dijo visiblemente fastidiado.
Asimismo, opinó que los reparos a una medida legal implica decirles a los «los delincuentes, narcotraficantes y atracadores banqueros: compren medios de comunicación y así nunca les podrán embargar nada porque será un atentado contra la libertad de expresión».
Puertas adentro Correa -acostumbrado a los duros contrapuntos con una prensa a la que vincula con la oposición- cosechó aplausos -pocos en Ecuador podrían defender a unos ex banqueros sinónimo de ruina-, y sospechas al mismo tiempo.
«La gente exigía castigar a los banqueros. Pero hay un mal manejo del tema por parte de los medios locales y a nivel externo, con lo que va quedando el eco de que una medida cautelar en realidad fue un atentado contra la libertad de prensa», dijo Marco Romero, analista internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Como con otras controversias en las que empezó siendo cuestionado, Correa aguarda otra vez el veredicto de las encuestas y las urnas.