La campaña ecuatoriana por el referendo constitucional del domingo bajó el telón ayer con actos masivos en Guayaquil, fortín opositor donde el gobierno libró una lucha voto a voto para evitar una derrota que le abra un foco de rebeldía en ese puerto.
En un agónico intento por captar a los indecisos, el presidente Rafael Correa estimó que un rechazo al proyecto oficialista de Constitución comprometería su gobernabilidad.
«Sería imposible gobernar un país si es que vuelve el anterior Congreso (que controlaba la oposición); si es que vuelve el anterior fiscal, si es que vuelve el anterior superintendente de Bancos como efectivamente volverán si gana el No», dijo el mandatario a la radio guayaquileña Caravana.
Correa cerró la campaña criticando al neoliberalismo y a lo que tildó de «abusos» de las transnacionales que operan en el país.
«Hemos vivido presos, maniatados a un sistema económico en el que la voracidad del capital» llevó a los ecuatorianos a la crisis, dijo ante miles de simpatizantes en un estadio de futbol.
El proyecto constitucional se encamina a «defender una política económica soberana (…) que no acepte abusos de ninguna compañía transnacional por importante que se crea», agregó.
Hace dos días el Ejecutivo decretó el embargo de los bienes de la constructora brasileña Odebrecht, a la cual reclama el pago de una millonaria indemnización por perjuicios ocasionados por incumplimiento de un contrato.
Aunque la propuesta sería aprobada a nivel nacional, con 57% de los votos en promedio de acuerdo con las encuestas, Correa enfrenta una posible derrota en Guayaquil, que podría convertirse en «foco permanente de desestabilización».
Según el mandatario, una desaprobación supondría el regreso de los diputados y otros funcionarios que fueron declarados en receso por la Asamblea de mayoría oficialista que aprobó el proyecto de nueva Constitución.
La campaña está dominada por la confrontación, pero no existe ningún indicio de «fraude», dijo ayer en un comunicado la misión de la OEA que vigila el proceso ecuatoriano.
«Nosotros no tenemos ningún indicio» de «que haya un fraude en marcha», dijo el chileno Enrique Correa, jefe de la delegación de la OEA. Tampoco se ha «recibido ninguna denuncia» pese a las reiteradas sospechas de un sector de la oposición encabezado por el ex presidente Lucio Gutiérrez.
La iniciativa de 444 artículos introduce reformas que regulan el libre mercado y permiten la reelección presidencial -con lo que el mandato de Correa podría extenderse hasta 2017-. También incluye fórmulas con las que el gobierno espera sepultar una década de crisis que hizo caer a tres presidentes.
La derecha, la cúpula eclesiástica y los empresarios se oponen al texto por considerar que concentra el poder en el jefe de Estado y abre las puertas a la legalización del aborto y del matrimonio homosexual, aun cuando no menciona explícitamente esas prácticas.
Por su parte el alcalde Jaime Nebot, el más fuerte contradictor de Correa, multiplicó sus apariciones ante los medios para rechazar una iniciativa que, según él, quiere implantar «el socialismo que ya fracasó en Venezuela».
El mandatario promueve el llamado «socialismo del siglo XXI», en sintonía con sus pares Hugo Chávez (Venezuela) y Evo Morales (Bolivia).
«Correa jugó a lo último en campo enemigo, seguro de que allí no hay una oposición articulada que tenga futuro después de las votaciones», dijo el analista Hernán Reyes, de la Universidad Simón Bolívar.