La campaña electoral que anoche culminó con el triunfo del Partido Patriota demuestra entre otras cosas que, la Presidencia se gana en el segundo intento, como requisito de la población para demandar experiencia polí­tica de los futuros funcionarios; el voto de la ciudad capital determina el triunfo; la urgente necesidad de cambiar los parámetros existentes para escoger a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y, la necesidad de una legislación electoral drástica para garantizar el cumplimiento de la misma.

Como en todo proceso electoral en Guatemala, se inicia la etapa de las inevitables revanchas y venganzas; aunque los futuros funcionarios digan que no, esta costumbre arrasará con lo poco, mucho o escaso de lo bueno que haya ejecutado el equipo gobernante anterior para decir: borrón y cuenta nueva, iniciando desde cero proyectos que por su importancia para la sociedad merecen su continuidad.

La incultura del gran porcentaje de la población, es aprovechada por los partidos polí­ticos motivando a las masas para emitir su voto emocional y clientelar sin respaldo analí­tico, lo que se traduce en la cultura del canje. Viene ahora el proceso lógico de planificación para que el sector oligarca – perdón, “inversionista polí­tico” – que colaboró de manera decidida en la campaña electoral, por medio de testaferros recupere su aporte económico. Creo decir con mis palabras una de las esperanzas de la población: el fortalecimiento del Estado mediante acciones administrativas y legislativas que recuperen su dignidad, su calidad y credibilidad ante los guatemaltecos y el mundo.

Somos un paí­s considerado como paraí­so fiscal, adalid de la impunidad, lí­der de la delincuencia polí­tica, organizada, común, gubernamental y municipalizada estereotipada en funcionarios corruptos e impunes; lo anterior debe cambiar y esperamos personas con integridad polí­tica, que sepan que su mandato no es eterno y que, el brazo de la ley siempre los alcanzará aunque sea 20 o 30 años después. Como es costumbre arraigada, los nuevos funcionarios expresarán que el gobierno iniciará sus actividades con déficits fiscal y presupuestario lo que no asegura el cumplimiento de las promesas electorales; y por lo tanto será necesaria incrementar la deuda pública; lo que han hecho los gobiernos anteriores en aproximado del 50 por ciento, salvo el gobierno de Arzú que lo hizo en un 90 y ocho por ciento. 

En materia educativa, esperamos que el equipo que llegue al Ministerio de Educación principie a sentar las bases de un cambio estructural que determine una verdadera polí­tica educativa para los próximos 25 años persiguiendo estándares posibles y realizables adecuados a la realidad nacional Y en el Ministerio de Gobernación, Oj Alá merezca atención especial la Policí­a Nacional Civil y su departamento de investigación; no dudo que se conforme un magní­fico equipo humano para el respecto.