Lic. Mario Guerra Roldán

En todos los trámites, tanto judiciales como administrativos y, aún, en el sector privado, están comprendidos los plazos.

Couture, citado por Manuel Osorio, define el plazo como medida del tiempo señalada para la realización de un acto o para la producción de sus efectos jurí­dicos. De este concepto se desprenden dos versiones opuestas, ya que unas veces sirve para señalar el momento desde el cual una obligación puede ser exigida y otras, para establecer la caducidad de un derecho o su adquisición.

Pero ¿cómo es la conducta de los guatemaltecos con respecto al cumplimiento de los plazos para diversos asuntos de sus actividades? Es parte de la rutina de nuestros connacionales dejar las cosas para el último momento, o sea en el último dí­a en que un plazo vence. Es corriente ver largas colas de ciudadanos que acuden a solventar algún adeudo, inscripción de escolares, pago de tarjetas de crédito, obtener documentos, presentar declaraciones y demás actos de su cotidianidad.

La Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos, en los diferentes asuntos que comprende, tales como empadronarse, trámites para la constitución, organización e inscripción de partidos en el Registro de Ciudadanos, celebración de asambleas, inscripción de candidatos, etc, establece diversos plazos, incluso para impugnar resoluciones.

En lo que respecta a estas obligaciones de carácter electoral la historia no cambia. El último dí­a para empadronarse se forman grandes colas en los centros habilitados para tal menester. Y, lo más grave, los responsables en la demora no reconocen su culpa y protestan y reclaman por lo lento de los procedimientos y hacen ví­ctimas de sus denuestos a los encargados. Cuando los reporteros acuden para acicatear los ánimos se oyen frases como estas: «Yo estoy aquí­ desde la siete de la mañana y esto no camina»; «No tienen consideración, yo no he desayunado». Y, así­, solo se oyen quejas cuando desde el dí­a anterior para atrás tuvieron suficiente tiempo para cumplir con sus obligaciones. Lo mismo pasa con los polí­ticos. Tienen plazos largos y prolongados para realizar sus trámites y el último dí­a están presionando y criticando a las autoridades electorales para que los atiendan y hasta profieren insultos y ofensas contra ellos.

Cuando yo me desempeñé como director del Registro de Ciudadanos, recuerdo que en 1985, Jorge Serrano llegó un minuto antes que se venciera el plazo para su inscripción, y después de él llegó otra agrupación que ya no se pudo inscribir, lo que provocó que los interesados protestaran y la emprendieran contra mi persona.

Hace pocos dí­as el partido VIVA y su candidato se retrasaron para su inscripción y, aunque llegaron dentro del plazo previsto, no lograron inscribir sus candidatos, a pesar de que corrieron como Lola, solamente que en este caso el presunto candidato reconoció su demora y no protestó, no obstante presentó los recursos y acciones legales correspondientes. Quiero aclarar que aunque no conozco el expediente de este caso a fondo, no comparto el criterio sustentado por el Registro de Ciudadanos.