«Nosotros decimos no al elogio de la muerte.»
Eduardo Galeano, escritor uruguayo.
En un solo día dos encontronazos con agentes de seguridad privada. Ambos, en buses urbanos y, a manera de ayudantes de chofer, exhortaban a los usuarios (de una manera nada amable) a que se corrieran al fondo del vehículo colectivo. En los dos casos un pasajero se rehusó a obedecer las órdenes del agente y, entonces, la misma respuesta: el policía de seguridad privada apretó con una mano la pistola que portaba en la cintura y con voz amenazante volvió a dar la orden de correrse. Bajo estas circunstancias no hay quien se niegue a buscar la salida por la puerta de atrás.
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Ante la inseguridad y la ola de violencia en contra de los choferes, los empresarios del transporte público decidieron contratar a empresas privadas y colocar agentes que no tienen ningún tipo de instrucción sobre seguridad ciudadana. Para muestra, las amenazas que se vierten contra los usuarios cuando no acatamos las órdenes de estos personajes, quienes pistola en mano nos recuerdan que son capaces de ponerle punto y final a nuestra existencia.
Sin duda, quienes arriesgan su vida y deciden trabajar como policías privados lo hacen por necesidad. Sin embargo, es una irresponsabilidad de las autoridades del Estado la escasa o nula regularización y fiscalización de los empresarios de la seguridad que se hacen ricos gracias al miedo de la población. ¿Qué control existe para que estas empresas contraten a hombres y mujeres que luego son lanzados a las calles con armas en el cinto?
Empecinados con la implementación del neoliberalismo y de construir las mejores condiciones para la expansión del mercado, los sectores más conservadores que nos han gobernado debilitaron tanto al Estado que se motivaron entre ellos mismos a crear empresas privadas de seguridad, y así, tenemos a todo un ejército que intenta suplir a la Policía Nacional Civil (PNC).
Lo que nos negaron como un derecho nos los ofrecen ahora como una mercancía. Al temor cotidiano de ser víctima de un asalto o cualquier otro tipo de fechoría, debemos enfrentar ahora la intimidación de estos señores agentes que con sus pistolas nos recuerdan quién tiene el poder.
Es cierto: la PNC se encuentra tan debilitada que sólo a alguien muy inocente se le ocurriría pensar que es una institución proba. Pero tampoco se puede permitir que se fomente la conformación de la jungla en nuestro país y, alejados de la esencia de los Acuerdos de Paz, se instauren instituciones fuera del marco de la seguridad en democracia. No queremos guardias civiles privadas al mejor estilo neo franquista, ni que ex operadores de estas instituciones macabras nos vengan a dar recetas para que cada quien se defienda como pueda. La seguridad es un derecho, y es el Estado quien debe garantizarlo.